La Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado diligencias de investigación penal sobre el caso de la ex directora general de Recursos Humanos de la Generalitat , la funcionaria de carrera Ana Brugger, a quien la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas abrió un expediente disciplinario para determinar posibles sanciones contra la exalto cargo popular tras haber sido señalada por supuestamente haber ayudado a una opositora amiga suya a resolver un examen de una oposición. La investigación interna sigue abierta ocho meses después de haberse abierto y ahora, tras una denuncia interpuesta por el sindicato CGT, ha pasado a manos de la fiscalía.
El escándalo, del que se hizo eco Levante-EMV, generó un importante revuelo en su momento dada la gravedad de los hechos y por el hecho de que Brugger es muy conocida en el ámbito de la administración autonómica. Fue alto cargo, pero también tuvo la llave de la provisión de puestos de trabajo como jefa de servicio durante años.
Brugger, observadora en una oposición, fue presuntamente pillada in fraganti por dos compañeras cuando, en lugar de vigilar que nadie copiara, ella misma apuntó las respuestas del examen en un folio y entregó este a una opositora que, al parecer, era su amiga ya que la había saludado con efusividad al inicio de la prueba. Hechos corroborados por dos funcionarias y que constan en el escrito de incidencias que en su día se presentó ante la conselleria, pero que Brugger negó en declaraciones a este diario cuando se publicó la noticia.
El departamento que dirige Gabriela Bravo, tras tener constancia de la denuncia, ordenó la apertura de un expediente y nombró instructor. Sin embargo, la investigación interna no acaba de resolverse y la funcionaria acusada, con puesto de jefa de servicio de Formación y Estudios en la propia conselleria (está adscrita al Instituto Valenciano de Administración Pública), sigue acudiendo a su puesto como si nada hubiera ocurrido.
En principio, la conselleria tiene un año de plazo para resolver el expediente, pero en algunos ámbitos se es pesimista respecto a las consecuencias ya que piensan que no habrá castigo ejemplar.
Tal es así que CGT, sindicato minoritario en la Generalitat pero libre de las rémoras de otros, optó la semana pasada por llevar el caso ante la Fiscalía al presumir que «las posibles consecuencias disciplinarias no vayan a producirse por el tiempo transcurrido y la facilidad de la instrucción».
A esta sospecha el sindicato añade el hecho de que el primer instructor nombrado renunció a la investigación y la conselleria ha tenido que nombrar a otro funcionario.
El sindicato explora en su denuncia, registrada hace unos días ante la Fiscalía Provincial de València, la vía penal al considerar que Brugger podría haber cometido un delito de falsedad en documento oficial al copiar las respuestas en una hoja con membrete oficial de la Generalitat y después hacérselo llegar a la opositora para que lo presentara como propio.
En el escrito que en su momento presentaron las funcionarias (que también actuaban como observadoras en la oposición) especificaban que cuando requirieron las hojas a la opositora observaron que en los papeles había folios escritos con diferentes caligrafías y tinta. Supuestamente, al ser sorprendida la opositora reconoció los hechos.
CGT propone a la Fiscalía que actúe y que, entre otras diligencias, reclame el expediente completo a la conselleria, así como las actas del tribunal de la citada oposición. También que llame a declarar a Brugger y a la opositora.
Una semana después del escrito, la Fiscalía ha comunicado al sindicato denunciante que ha designado fiscal instructor para conocer si hubo delito.
Fuentes de la Conselleria de Justicia indicaron que aún no tienen constancia de la denuncia de CGT y defendieron que la instrucción sigue su curso y que el plazo para resolver es de un año. Ya en su momento, desde el departamento que dirige Gabriela Bravo se admitió que iba a ser difícil nombrar instructor ya que Brugger es muy conocida y tiene una red importante de relaciones (tanto entre el funcionariado como entre los sindicatos) de la etapa en la que movió los hilos de la Función Pública.Desde Justicia se admitió el relevo del instructor, pero achacaron la renuncia a «motivos personales».
El caso de Brugger también está siendo investigado por la Agencia Antifraude ya que la denuncia también llegó al organismo que dirige Joan Llinares. Con el escrito a la Fiscalía, ya serían tres las instituciones avisadas y responsables de determinar si finalmente hubo irregularidades en la oposición al Cuerpo Superior de la Administración, grupo A1, de la Generalitat y si cabe o no cabe sanciones contra la denunciada.
