Sin conocer el idioma, sin un techo bajo el que pasar las noches y sin un trabajo con el que ganarse la vida. Es la pesadilla en la que viven los jóvenes migrantes que llegaron solos a la Comunitat Valenciana cuando, al cumplir los 18 años, se ven obligados a abandonar los centros de la Generalitat donde se encuentran tutelados. La situación empeora cuando se marchan sin disponer de la documentación que regularice su estancia en el país. Este trámite se demora, en ocasiones, hasta nueve meses, por lo que aquellos que ingresan a poco de cumplir la mayoría de edad ven incrementada su vulnerabilidad.

A su llegada, sus necesidades y derechos fundamentales quedaron bajo el dictamen de la Declaración Universal de los Derechos del Niño que obliga a que sean internados en centros de menores bajo la tutela de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. No obstante, el regalo que obtienen el día de 18 su cumpleaños dista mucho de ser el deseado: la expulsión de la única tutela que conocen, sin haberles tramitado la documentación ni recurso alguno.

Su futuro se vuelve incierto de la noche a la mañana. En tan poco tiempo no han podido aprender el idioma, no han acudido a clases de formación, ni, mucho menos, han conseguido un empleo y salen a la calle en situación irregular, sin posibilidad de acceder a un permiso de residencia, convirtiéndose en carne de cañón la posibilidad de acabar en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para su posterior deportación.

La normativa fija que la documentación pertinente para regular su estadía en España se debe completar en un máximo de nueve meses, explica a este diario el abogado experto en migración Paco Solans. Un plazo «completamente erróneo y amoral» que supone una eternidad para unos jóvenes que huyeron solos de su hogar con el objetivo de cumplir con el «sueño migratorio».

Si bien es cierto que la Conselleria dispone de 110 plazas para los jóvenes extutelados que salieron sin la documentación en regla, son muchos los adolescentes que dejan el centro de menores sin que se les plantee esta opción «Suponemos que es porque faltan plazas», lamentan desde la ONG València és Refugi. Una carencia que se pretende suplir con una nueva partida de emancipación de tres millones de euros para 2019 por parte del Consell.

No obstante, desde Políticas Inclusivas consideran que «los jóvenes que cumplen la mayoría de edad tienen capacidad para independizarse igual que cualquier persona lo puede hacer respecto a su familia biológica», algo que ratifica el Ministerio. Solans, no obstante, denuncia que la Conselleria tiene una responsabilidad con estos jóvenes que no está cumpliendo, amparándose en que cuando cumplen la mayoría de edad pasan a ser responsabilidad del Gobierno central, un hecho denunciado en mayo por el Síndic de Greuges que sigue identificando este problema como «uno de los más importantes del sistema».