El exgerente de Imelsa y autoconfeso «yonki del dinero», Marcos Benavent, ha solicitado al Juzgado de Instrucción 9 que lo juzgue un tribunal del jurado por el pago en 2013 de una mordida de 60.000 euros con cargo a los fondos públicos de la Diputación de València, para una supuesta sustitución del alumbrado en Llutxent, que nunca se llegó a ejecutar.
El titular del Juzgado de Instrucción 9 dio por finalizada esta investigación el pasado 11 de octubre al dictar un auto de incoación de procedimiento abreviado (el nombre técnico para las investigaciones de delitos castigados con penas menores a los nueve años) por el que se juzgará a Marcos Benavent, el empresario que cobró la mordida, y el exdirector financiero de Imelsa, Jose Enrique Montblanc, por los presuntos delitos de estafa, falsedad y malversación.
Dar por finalizado un procedimiento abreviado supone dar por finalizada la investigación y el paso a previo a la apertura de juicio oral que recaería en una sección de la Audiencia de València, ya que las penas que se reclaman superan los cinco años (si son menores a un lustro sería un juzgado de lo Penal quien realizaría la vista).
Sin embargo, el exyonki del dinero ha presentado un recurso de reforma ante el mismo juzgado porque considera que «las presentes actuaciones han de ser conocidas a través de la regulación procedimiental fijada por la ley del tribunal del jurado», según recoge la legislación específica que regula los tribunales populares.
Aunque antes de dar inicio al juicio, la defensa del yonki del dinero solicita al juez que vuelva a escucharlo en declaración, antes de dar por finalizada la causa y la investigación. Benavent fue citado a comparecer ante el juez de Instrucción 9, aunque lo hizo cuando el Caso Imelsa/Taula aún estaba bajo secreto del sumario por lo que se acogió a su derecho a guardar silencio.
Por eso solicitó declarar en el juzgado en un escrito presentado el pasado 3 de septiembre y reiterado en otro de fecha 18 de octubre. Una petición que le ha sido denegada porque, en palabras del juez de Instrucción 9, «no procede acordar lo interesado [en el escrito de Benavent] al haberse presentado escritos de acusación por la parte querellante [en referencia a Divalterra] y por el Ministerio Fiscal, no siendo el momento procesal oportuno, sin perjuicio de que pueda reproducir ante el Tribunal Juzgador los pedimentos que interese para el juicio oral».
Unos argumentos que la defensa de Benavent pide al juez que revoque para que le tome declaración en sede judicial y, en caso de que rechace esta petición, que la causa siga «a través de los cauces procedimentales regulados por la ley del tribunal jurado».
El delito por el que serán juzgados Benavent, Montblanc y el empresario se descubrió al detectar Hacienda que éste último no había pagado el IVA a través de la empresa Flying Tiger SL que cobró en 2013 un total de 60.000 euros por la renovación del alumbrado en Llutxent (la Vall d'Albaida) que nunca se ejecutó.
La inspección tributaria también comprobó «la inexistencia de ningún soporte documental relativo al proyecto, a los supuestos trabajos facturados ni a cualquier cuestión relacionada con ello». El empresario admitió haber cobrado los 60.000 euros «sin contraprestación alguna» por lo que se comprometió a su «devolución con intereses» mediante la firma de un documento junto al entonces gerente de Imelsa, suscrito el 27 de noviembre de 2014, que ha cumplido religiosamente.
A pesar de devolver la mordida a plazos, los tres han sido procesados en lo que será el primer juicio al que se enfrente Marcos Benavent, tras reaparecer el 27 de mayo de 2015.
