El ente Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, ha relevado al presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, del consejo de administración del puerto de la ciudad, una decisión que el PP en la institución ha calificado de ataque a la autonomía local.

El cese ha sido comunicado mediante una carta con fecha del pasado 6 de noviembre, y en la misma se expresa el "agradecimiento por los servicios prestados".

En un comunicado, el portavoz del equipo de gobierno en la Diputación, Carlos Castillo, del PP, ha calificado de "error inadmisible" el cese, y ha puesto de manifiesto que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria es un órgano en el que la institución provincial "ha tenido una presencia histórica porque en él se deciden asuntos de interés para nuestro territorio".

"Desde la Diputación de Alicante consideramos inadmisible este hecho que supone un nuevo ataque del Gobierno de Ximo Puig, en connivencia con el de Pedro Sánchez, a la autonomía local y a la máxima autoridad de nuestra provincia", ha sostenido antes de reclamar la readmisión "de forma inmediata".

"No vamos a consentir ni un solo ataque más a los intereses de nuestra provincia, ni vamos a permitir que los asuntos que competen no solo a la ciudad de Alicante sino a todo nuestro territorio se decidan desde València o Madrid", ha recalcado el dirigente del PP.

Para Castillo, los continuos ataques y menosprecios del Consell a la Diputación de Alicante pretenden "debilitarla y mermarla económica, institucional y políticamente".

Para el portavoz, "es una muestra más de la actitud de nulo diálogo que profesa el Gobierno valenciano, de la escasa integración y del poco talante que demuestra y de la exclusión provincial que quiere ejercer sobre la Diputación: No lo va a conseguir y ni vamos a permitir que se dé la espalda a los alicantinos".

En este sentido, ha continuado que "si la decisión que se ha tomado tiene que ver con el propósito cada vez más evidente de Ximo Puig de desactivar y desmantelar toda palanca que actúe en beneficio de los intereses de la provincia, se sigue equivocando con la Diputación de Alicante, con su equipo de Gobierno y con el presidente de la institución".

Castillo ha recalcado que el máximo deber de la Diputación es el respaldo y la defensa de los intereses de la provincia conforme a la legalidad, que se efectúa no solo con la gestión de un gobierno y con las votaciones de un pleno que tiene legitimidad para tomar decisiones sino también con la presencia activa en lugares tan relevantes como el consejo de la Autoridad Portuaria.

"Pedimos una rectificación urgente, tanto al Gobierno de España como al de la Generalitat, ante esta decisión inaudita", ha dicho Castillo antes de instar a ambas administraciones a que "recapaciten, reconsideren su decisión y antepongan el respeto y la consideración mínima a nivel institucional".