La transparencia ha llegado también a las instituciones judiciales que han revelado cuántos meses se requieren para dar salida a sus pleitos. El Tribunal Superior de Justicia es el organismo más atascado en la C. Valenciana, y aunque no se dispone de datos de la sala de lo Penal, la del Contencioso Administrativo supone el mayor lastre: 20 meses de media para resolver sus procedimientos.

Por tipos, son los asuntos relacionados con la Administración General del Estado los que más tardan (26), seguidos por la actividad administrativa sancionadora (25), las causas de expropiación forzosa (24) o procedimientos de responsabilidad patrimonial (23).

La sala de lo Civil ha visto cómo en nueve años su resolución de conflictos se disparaba. El tiempo medio de un proceso era cercano a los 30 días y en 2017 llegó a los seis meses. Ahora, es la tercera autonomía más lenta en cerrar un caso de los 17 tribunales estatales, y la segunda en materia Social, ya que dobla el tiempo de la media llegando a los 9 meses, solo superada por Castilla y León.

El Consejo General del Poder Judicial publica estos datos para dar cuenta del compromiso adquirido en septiembre con Transparencia Internacional España. La información recopilada cubre desde 2008 hasta 2017 y los resultados, calculados en meses, recogen la duración media de los procesos judiciales que se han concluido cada año, al margen de cuál haya sido la forma de finalización.

Las audiencias provinciales obtienen datos ligeramente mejores. Los órganos de Castelló, València y Alicante están por debajo de la media española en lo Civil: 4,8 meses, cuando Cataluña necesita 12. En materia penal, las audiencias valencianas superan por poco la media, cerca de 2 meses.

Los juzgados de Primera Instancia y de Instrucción han agilizado su estructura. En 2008, los procedimientos civiles se resolvían en no menos de ocho meses, pero el año pasado bajó a 6, reducción que puede explicarse por la reforma del Código Penal de 2015 que obligaba a no superar los seis meses la instrucción de todas las causas penales.

El conflicto más ágil son los divorcios consensuados, que se cierran en 30 días. Los Juzgados de Instrucción para procedimientos penales se ven lastrados por las causas judiciales que requieren de un jurado popular, aunque sean los sumarios los que más trabajo dan. Es el órgano que investiga las causas judiciales por corrupción.

Los juzgados de lo Penal tampoco funcionan como deberían. Es la segunda comunidad que más tarda en resolver sus causas y las que más tiempo necesitan son las de la violencia doméstica. Los juzgados de Menores, por contra, han logrado reducir la duración de sus procesos de 9 a 6 meses desde 2008 tratando dos materias: la violencia doméstica y la violencia contra la mujer.

La ordenación del territorio y el urbanismo es lo que más lastra al juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que también ha logrado disminuir el tiempo medio de actuación de 12 a 9 meses.

Los juzgados contra la Violencia de la Mujer aprueban con nota. En materia civil, la liquidación del régimen económico matrimonial y las cuestiones sobre filiación, maternidad y paternidad lo que más tiempo toma para resolverse, cerca de los diez meses.

En el juzgado de lo Social, por el contrario, han duplicado el tiempo de resolución. La impugnación de actos administrativos y de Seguridad Social tardan 17 meses, mientras que los más ágiles son los despidos.En este sentido, en el juzgado de lo Mercantil, a los ERE se les da una rápida salida, pero los concursos mercantiles tardan 40 meses en solucionarse.

En Vigilancia Penitenciaria, los juzgados valencianos son los terceros que más tardan en resolver los pleitos, solo por detrás de Canarias y la Rioja.