El escrito que el director de la Agencia de Prevención de Lucha contra el Fraude y la Corrupción, Joan Llinares, acaba de presentar a las Corts Valencianes para incorporarlo al proyecto de Ley de Acompañamiento (cuyo plazo de enmiendas se cierra hoy) tiene como objetivo romper definitivamente amarras con el Consell y reforzar su independencia.
Para ello propone modificar la ley de creación de la agencia, aprobada por las Corts hace dos años, porque hay lagunas en la ley que suponen una amenaza a su independencia.
Llinares reclama, por ejemplo, que el organismo que dirige no pueda estar sometido al control de la Intervención General porque esta depende de la Conselleria de Hacienda, que a su vez está sujeta al ámbito de actuación de la agencia en materia de prevención y lucha contra el fraude, lo que, según el escrito, podría hacer quebrar su imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones y la emisión de sus informes respecto a la actividad de la agencia.
Para garantizar su independencia lo que se propone es que la agencia no tenga que rendir cuentas a la Intervención General sino que la fiscalización corra a cargo de la Sindicatura de Comptes. Además, para no tener dependencia o vinculación a ninguna conselleria el control presupuestario y del gasto debe realizarlo la Intervención de las Corts.
Llinares también ve amenazada su independencia cuando el Consell le considera como una entidad del sector público o con el hecho de que el reglamento de la agencia tenga que ser aprobado por la Generalitat.
Todas estas actuaciones «podrían afectar a la necesaria independencia de actuación en el ejercicio de sus funciones», escribe Llinares en el documento, que ayer llegó a la Mesa de las Corts. En él propone sustituir el término «entidad de derecho público» por el de Institución, que es como quiere que se reconozca a la agencia.
El director también ve necesario acometer cambios en una ley que apenas tiene dos años para acabar con la confusión que aprecia respecto a la naturaleza jurídica de la agencia. Llinares lamenta que en la ley aprobada por las Corts se hable de «entidad de derecho público» lo que lleva a que se le encuadre de forma incorrecta dentro del sector público instrumental de la Generalitat. Ello molesta a Llinares porque tanto la Generalitat como el sector público son sujetos a los que tiene que controlar para evitar casos de fraude y corrupción.
Cuando se constituyó la agencia esta situación ya generó un conflicto ya que primero se buscó forzar su adscripción a la Conselleria de Transparencia, aunque finalmente la presión de Podemos llevó a que quedara vinculada a las Corts para reforzar su independencia respecto a la Administración.
Pero la ley tiene más lagunas, según Llinares, que hace que se la siga vinculando al Consell. Para ello ha propuesto que a través de la Ley de Acompañamiento se introduzcan cambios en varios artículos de la ley de 2016 (el 1, el 30 y la disposición transitoria primera). No es la primera vez que Llinares propone un cambio legal para fortalecer su independencia, de hecho ya realizó el año pasado un primer intento de modificación.
El personal, sujeto a las Corts
Otro cambio que pretende introducir es que el personal al servicio de la agencia esté sujeto a la normativa reguladora del personal de las Corts (institución a la que está adscrita y que nombra al responsable) ya que en su opinión existe un vacío legal.
También se busca homologar las condiciones de trabajo del personal de la agencia al de las Corts para que se respeten los derechos adquiridos en su Administración de origen. «Los puestos de trabajo de la agencia son ejercidos por funcionarios de carrera por lo que es razonable que el personal procedente de otras instituciones pueda ver disminuidos sus derechos y haberes», señala el informe.
