Tres años y seis meses han transcurrido ya desde el cambio de Gobierno, pero los resultados son pobres en lo referente a la regularización de las plantillas en las entidades públicas.

Con suerte, y si el proceso no se demora mucho más, el Consell del Botànic logrará reducir sólo un tercio las plazas temporales del sector público empresarial y funcionarial.

Así, sólo 268 de las 848 plazas ocupadas de forma interina (según información remitida por las empresas) serán incluidas en las ofertas de empleo público que deben convocarse antes de que acabe el año. El resto de plazas (580) están retenidas por el propio sector público que, a mes y medio de acabar el año, se niega en rotundo a desbloquearlas. Esta fotografía quedó expuesta en la enésima reunión de la Mesa de Diálogo del Sector Público celebrada ayer, un foro que puso en marcha la Conselleria de Hacienda para tratar de desatascar las cuestiones de personal.

El departamento del Sector Público que dirige Maria José Mira lleva meses reclamando a las entidades que faciliten una imagen fiel de sus plantillas y, en concreto, saquen a oferta todas las plazas ocupadas de forma temporal.

La ley presupuestos de 2018 da margen a la Generalitat para convocar ofertas amplias por la vía de la consolidación, es decir, ofertar puestos que no tienen ocupante fijo. El objetivo es acabar con la alta tasa de temporalidad en el empleo público y dar la oportunidad a este personal para que convertirse en fijos.

Son ofertas a las que puede presentarse cualquier persona, pero que en la fase de concurso, favorece las opciones de quien puede acreditar experiencia en el puesto. Eso sí, la convocatoria de Opes obliga a estos temporales a presentarse a un examen ya que la fórmula acordada es el concurso oposición.

Aunque las ofertas suponen una oportunidad para acabar con la temporalidad, también implica el riesgo de acabar en el paro. Muchos integrantes de este colectivo llevan años en sus puestos y, como la gran mayoría de los laborales fijos, no pasaron en su momento ninguna prueba selectiva que garantizara los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad.

De ahí las reticencias de muchos temporales que creen ganado el derecho a seguir sin pasar por un examen. Los datos que ayer facilitó la Conselleria de Hacienda a los sindicatos evidencian que muchos responsables actuales del sector público han optado por rehuir del conflicto y han optado por no atender los requerimientos para convocar las ofertas.

Es más, los sindicatos ponen en duda incluso que los datos facilitados por muchas entidades sean reales. Así, llama la atención que todas las mercantiles, entre las que se encuentra Vaersa o Ciegsa, entre otras, hayan informado a la conselleria que no tiene plazas temporales para salir a oferta.

Empresas de nueva creación como la Agencia de la Innovación o À Punt quedan fuera de este requerimiento porque fueron creadas en 2017. Sin embargo, el resto estaban obligadas a sacar a concurso todas sus plazas ocupadas de forma interino. El Ivass, por ejemplo, admite tener 400 plazas, pero no ha solicitado convocar ninguna.

De hecho, sólo tres entidades han cumplido. Así, la Agencia Valenciana de Turismo ha pedido autorización para convocar 46 de las cien existentes, pero con el compromiso de sacar el resto en dos años. Palau de les Arts convocará las trece plazas disponibles, mientras que el resto (255) corresponden al Hospital Provincial de València.