El economista Rafael Parra Mateu, exinterventor del Consorci de Museus y uno de los presuntos cerebros de la conocida como «trama de las asesorías» que cobraban informes a mil euros el folio (en muchos casos inexistentes), admitió ayer ante los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de València haber contratado a varias de sus empresas y pagar «en negro» a algunos de sus subalternos.
Parra Mateu se sienta en el banquillo de los acusados junto al exsecretario de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere (actualmente en prisión para cumplir los dos años por cohecho a los que le condenó la sección tercera de la Audiencia de València).
Ambos se enfrentan en esta nueva pieza que se juzga de la trama de asesorías a seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por los delitos de malversación, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial y mercantil cometidos para «idear un sistema con el que saquear el dinero público» a través de un goteo de facturación de 2.441, 17 euros mensuales a cambio de asesoramientos «inexistentes», según la Fiscalía de delitos económicos.
Parra Mateu admite la contratación irregular y los pagos en dinero negro, aunque defiende que los trabajos sí que existieron. A pesar de su condición de interventor, reconoce que «era conocedor que por la ley de incompatibilidad, como funcionario público, no podía facturar como persona física y facturaba [al Consorci de Museus] a través de la empresa Asesores Económicos Públicos SL», de su propiedad pero que figuraba a nombre de su mujer e hijas.
También contrató con otras dos empresas en la órbita de su socio y también presunto cerebro de la trama de asesorías, José Antonio Sancho Sempere: Academia Valenciana de Juristas y Asesores Profesionales.
Unas contrataciones que, admitió Parra Mateu, se hacían sin contrato. «No firmamos contratos porque nos habría salido más caro y porque no sabíamos el tiempo que iba a durar. En 2008 sólo fue necesario el asesoramiento un mes», justificó. Y porque «un contrato se tardaba cuatro meses frente al ritmo de la justificación, que era muy ràpido. Si yo hubiera hecho [los contratos] el Consorci habría desaparecido. Tardábamos cuatro meses en contratar», relató ante la estupefacción de magistrados y fiscal.
El exinterventor también admitió que «le pagaba en B» a un o de sus subordinados aunque «deduciéndome el IVA y el impuesto de sociedades. Yo no me quedé nada de la facturación de Asesores Profesionales».
Según Parra Mateu, toda esta operativa era conocida por el secretario autonómico, Rafael Miró, y la consellera de Cultura, Trini Miró. «Yo como interventor estaba en todos los sitios que me llamaba la consellera . Me utilizaba y yo hacía lo que ella me decía y me gustaba». La investigación descartó que Rafael Miró conociera los tejemanejes de su subordinado, por lo que no llegó a estar imputado.
La declaración de Parra Mateu contrastó con la de Sancho Sempere, quien negó todos los hechos. Y alegó que algunos trabajos no podía presentarlos «porque se fundieron los ordenadores por un problema con Iberdrola». El juicio continúa hasta el día 22.
