El profesorado de matemáticas de Secundaria y Bachillerato de toda España dice basta. En un duro informe contra el veto a las calculadoras en las pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la mayoría de autonomías, como por ejemplo en la Comunitat, acusan a las universidades públicas de vivir «ancladas en el pasado» y dificultar «la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas».
La Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (Fespm) que preside el valenciano Onofre Monzó alerta de que «prohibir o restringir el uso de las calculadoras en las pruebas externas provoca que su presencia en las aulas prácticamente desaparezca y con ello, la oportunidad para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas».
«Podemos decidir si queremos avanzar para mejorar la calidad de la enseñanza de las matemáticas o si preferimos permanecer anclados en el pasado con una escuela obsoleta y anacrónica, que prepara a su alumnado para que sea capaz de superar una prueba que no ha variado en 40 años, ni en su contenido ni en el uso de las herramientas tecnológicas», critica la Fespm.
Denuncia que la actual selectividad con calculadoras de hace 30 años, muchas de las cuales han dejado ya de fabricarse, «no evalúa la competencia matemática que la sociedad del siglo XXI requiere».
«Hace 40 años, tal vez, el modelo era adecuado, pero en la actualidad no tienen ningún sentido que haya restricciones en el uso de calculadoras científicas, gráficas y con cálculo simbólico», reiteran.
El caso valenciano
Las universidades públicas valencianas, que tienen la última palabra en la Comisión Gestora de las PAU en la Comunitat, prohíben desde 2015 el uso en la selectividado simbólicas porque pueden almacenar información.
Hasta 2014 las calculadoras gráficas se podían usar sin restricciones, pero ese año dos de los 14 tribunales de la Politècnica de València las prohibieron, mientras que en las otras cuatro universidades se permitieron. La comisión dejó que los alumnos afectados repitieran el examen al no contemplar la prohibición las instrucciones de la PAU, pero dio la razón a los tribunales de la UPV y en 2015 introdujo el veto a las calculadoras gráficas que sigue en vigor.
Sin embargo, la Fespm argumenta que diseñar una Prueba de Acceso a la Universidad en la que el examen de matemáticas esté adaptado al uso de estos dispositivos «es factible, ya que estas calculadoras disponen del modo examen, es decir no almacenan, no transmiten y no reciben información».
Algo fácil de comprobar, ya que una luz se enciende en la máquina cuando se pulsa dicho botón. «El desconocimiento, la resistencia al cambio y la falta de voluntad de adaptar la prueba a la realidad tecnológica son motivos por los que determinados tipos de calculadoras están prohibidas en la PAU», critican.
Además, la Fespm subraya que el uso de la calculadora en Bachillerato «es obligatorio al formar parte del currículo y las pruebas deberían confeccionarse incluyendo en su diseño el uso de cualquier modelo».
Para el profesorado de matemáticas la decisión de prohibir determinados tipos de calculadora en la selectividad, no solo implica «un perjuicio para el alumnado sino que carece de todo fundamento e incumple la ley». En este sentido, Monzó, critica que «el modelo de examen de Matemáticas en la selectividad de la Comunitat es el mismo de hace 30 años a pesar de que el currículo de la asignatura ha cambiado tres veces (Logse, LOE y Lomce)».
Diferencias autonómicas
A todo esto se añade la disparidad de criterios en cuanto al uso de calculadoras por autonomías, pese a que el distrito universitario es único. Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha y Canarias permiten utilizar cualquier tipo, la Comunitat solo deja usar las científicas. Madrid, Aragón y Andalucía incluso ponen trabas a estas calculadoras más básicas, aceptando solo los modelos más primitivos que se utilizan en 1.º y 2.º ESO.
