La comisión de Política Social de las Corts Valencianes votaba ayer las enmiendas presentadas a la Ley de Infancia y Adolescencia. No eran pocas (un total de 367 entre todos los grupos políticos) y se presentaron para «mejorar» un «buen texto inicial» y conseguir que la normativa llegue al pleno y se apruebe por unanimidad.
El objetivo parecía sencillo ya que, en principio, había acuerdo previo tras jornadas maratonianas de trabajo, según reconocieron los diputados al inicio de la comisión. La ley de Infancia y Adolescencia supone un paso de gigante que busca la unanimidad tras una elaboración conjunta de consenso y trabajo, pero ayer las «discrepancias ideológicas» se convirtieron en insalvables a la hora de abordar asuntos como la interrupción voluntaria del embarazo, la libertad de ideología o religión o la educación afectivo sexual, todas ellas con la voz discrepante de la diputada popular Maria José Catalá, que crisparon los ánimos de una sesión que parecía pactada y no lo estaba ya que la comisión acaba con la unanimidad rota.
Y es que muchas de las enmiendas reflejaban una misma problemática y hacían referencia al argumentario expuesto por entidades o asociaciones como el Cermi, que incluyó en diversos puntos una visión diferente para mejorar la inclusión de los menores con diversidad funcional.
Los partidos políticos recogieron el guante y presentaron enmiendas similares, en algunos casos, que pasaron a votarse en bloque. Sin embargo, la sesión finalizó como si de una clase de matemáticas se tratara, donde se agrupaban y desagrupaban enmiendas en función de lo de acuerdo o no que estuvieran los grupos.
El derecho de los menores
Al comienzo de la sesión, los diputados presentes se felicitaron por el trabajo bien hecho. Cada uno de los diputados tomó la palabra para expresar mensajes similares que valoraban una ley «que convertía en sujetos de derecho a los menores», que los «había escuchado y tenido en cuenta» y que supondrá un antes y un después para la infancia valenciana y en el sistema de protección de los más vulnerables.
Sin embargo, la intervención de Catalá no era la que esperaba el resto. «Para nosotros hay 12 enmiendas de las 367 que son el grueso que plantea el PP para que esta ley sea de todos y todas y no solo del Botànic».
La diputada socialista Cocha Andrés lamentó el «chantaje» del PP ya que «habíamos llegado todos a un acuerdo y la señora Catalá no lo ha cumplido ya que hemos hecho un esfuerzo tremendo por llegar a acuerdos y fórmulas flexibles».
La diputada de Podemos, Fabiola Meco, también tomó la palabra para decirle a Catalá que «con la infancia no hay campaña electoral porque son futuro y son presente». Tras las intervenciones y ante la falta de acuerdo para someter las enmiendas a votación se realizó un receso. Tras la negociación se votaron las enmiendas de una en una y en varios bloques que se fueron improvisando sobre la marcha.
Pero Catalá insiste en que para que la ley dé derechos a los menores se conculcan los de sus padres por lo que defendió que el «empoderamiento» tiene que ser de todos. Català admite que el derecho a la libertad de conciencia, ideología o educación o que las consellerias suplan a los padres en cuestiones sexuales son cuestiones ideológicas sobre las que su partido discrepa. En su opinión hubiera sido mejor no incluir temas polémicos como estos en la ley.
