El «Grupo cuatripartido» de Fiscales especializados en la lucha antiterrorista de Bélgica, España, Francia y Marruecos, reunido durante tres días en València, ha acordado centrar sus esfuerzos en «el uso del ciberespacio como medio de comisión de delitos relacionados con el terrorismo, así como su potencial propagandístico e impacto nacional e internacional» además de seguir de cerca el «fenómeno de la radicalización que se produce en las cárceles y centros de detención», según acaba de explicar en rueda de prensa el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso Cristobal. Junto a Alonso han comparecido Frederic Van Leeuw, Procurador Federal de Bélgica; Nicolas Le Bris, Fiscal de la Fiscalía Antiterrorista de París y Moulay El Hassan Daki, Fiscal General del Rey ante el Tribunal de Apelación de Rabat.
Este grupo de trabajo internacional creado en 2014 y que se reúne anualmente para poner en común los esfuerzos en la lucha antiterrorista considera que «la gravedad del fenómeno terrorista y su expansión, hace necesario más que nunca una respuesta global frente al mismo, máxime teniendo en cuenta que nos encontramos en un punto de inflexión a consecuencia de las derrotas militares que el ISIS-Daesh está sufriendo en Siria e Irak, donde hasta ahora tenía su base principal de actuaciones y constituía un pseudo-estado, y siendo la mayor preocupación y riesgo actual la aparición y/o formación de celúlas endógenas». Es una de las constataciones a las que han llegados los responsables de la lucha antiterrorista judicial durante su encuentro en València. «Hay un aumento del desarrollo de un terrorismo endógeno», señalan las cuatro fiscalías, además del «aumento de la relación entre el crimen organizado transnacional y el fenómeno terrorista que requieren una nueva forma de cooperación internacional para afrontarlo», admiten en el escrito de conclusiones pactado entre las cuatro Fiscalías.
Por eso, además de centrar esfuerzos en el ciberespacio y la radicalización en los centros penitenciarios, los Fiscales antiterroristas también han consensuado centrar su interés en «la situación de los hijos menores de los combatientes terroristas extranjeros desplazados desde nuestros países a Irak, Siria y otras zonas de conflicto» donde los investigadores también pretenden «prestar una atención particular en la recogida y valoración de elementos probatorios para su tratamiento y presentación en los juzgados y tribunales».
La lucha antiterrorista en común también prevé impulsar «el uso de las bases de datos de países amigos, así como la utilización de la información contenida en investigaciones policiales y judiciales» para «reforzar la cooperación internacional en los frentes jurídico y judicial», además de «gestionar las macrocausas judiciales, tanto en sus aspectos organizativos, logísticos y de tratamiento de las víctimas desde un punto de vista integral». Por último, las cuatro fiscalías defienden «la necesidad de seguir dotando y reforzando a las autoridades judiciales de los medios necesarios para mantener el alto nivel de cooperación existente hasta el presente».
En el turno de preguntas, el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha asegurado que el perfil de terrorista «se mantiene» y ha detacado la «rápida instrucción» de los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, que ha durado poco más de un año, y cuyo juicio se celebrará en breve.
