La batalla emprendida por el PPCV de Isabel Bonig para eliminar las ayudas directas del Consell a la patronal y los sindicatos mayoritarios vivirá otro capítulo en el contexto del debate de los presupuestos de la Generalitat de 2019.
Aunque la lideresa popular se hizo la foto de la reconciliación con el responsable de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, tras meses de tensa relación, la postura del grupo no se ha movido ni un milímetro respecto al año pasado y se tiene tomada la decisión en enmendar las cuentas públicas para borrar las partidas que reparten tres millones a la CEV, Comisiones Obreras y UGT.
La cruzada popular contra la patronal y los sindicatos mayoritarios estalló hace justo un año a cuenta del respaldo de la clase empresarial a la manifestación convocada por el Ejecutivo de Ximo Puig
Una protesta que reunió prácticamente a toda la sociedad valenciana y de la que sólo se borraron los populares valencianos. Era noviembre de 2017 y en un mes después, el PPCV sorprendía a propios y ajenos con una enmienda a los presupuestos de la Generalitat en la que solicita eliminar la subvención directa a la organización empresarial y que este dinero fuera distribuido a entidades sociales como Caritas.
Las subvenciones a la patronal y a los sindicatos se otorgaban bajo el paraguas de la Ley 7/2015, de 2 de abril de la Generalitat de Participación y Colaboración Institucional de las Organizaciones sindicales y empresariales representativas en la Comunitat Valenciana, una norma aprobada por el Gobierno de Alberto Fabra y que da preferencia a las entidades «más representativas».
La iniciativa de Bonig descolocó incluso a dirigentes de sus propias filas que consideraban un error distanciarse de los empresarios, aliados naturales del PP.
Sin embargo, Bonig mantuvo aguantó el envite y en pleno rifirrafe registró un propuesta en las Corts para reformar la ley que ella misma había votado dos años atrás. La propuesta de reforma era muy sencilla: eliminar las preferencias entidades más representativas y fijar que el reparto se haría por proyectos y por la vía de la concurrencia competitiva.
Aunque el PP valenciano recibió muchas críticas por lo que fue interpretado como una andanada contra la patronal (Bonig y Navarro siempre han estado distanciados), también logró poner en un brete al tripartito. Sobre el papel, esta reforma implica un reparto mas justo de las ayudas y abre una fuente de financiación para entidades empresariales y sindicatos minoritarios que ahora sólo disponen de las cuotas de sus afiliados.
Uno de los beneficiados es Intersindical, sindicato afín a Compromís, un partido que en su momento clamó contra la ley popular. La filosofía de la ley también es compartido por Podemos que no rehusó hacer pinza con el PP en aquellas enmiendas que suponían un tijeretazo a las ayudas directas. El PSPV aceptó debatir la reforma, aunque con la boca pequeña ya que no desea contaminar las buenas relaciones que el Consell mantiene con la patronal.
El resultado es que casi un año después de que Bonig registrara su propuesta, la reforma legal está en dique seco. Ni si quiera se ha tramitado la toma en consideración, por lo que es prácticamente imposible que sea aprobada en lo que queda de legislatura.
Los populares de Bonig tienen claro que el tripartito prefiere esquivar el charco y de ahí que volverán a presentas enmiendas. «Es cierto que es una ley que aprobamos nosotros, pero ahora queremos mejorarla y eso creo que dice muy a nuestro favor», reflexiona Eva Ortiz, número dos del PPCV.
A la cruzada contras las ayudas directas se une al batalla popular por indagar sobre el destino de esta subvenciones. Los populares mantienen un contencioso contra la Generalitat porque consideran que el Consell no está cumpliendo su obligación de verificar que el destino de las ayudas que concede anualmente es el adecuado y que se trata de una cuestión de transparencia.
