Un juez de primera instancia e instrucción de Elx ha citado a declarar como investigados a dos cargos alicantinos del Gobierno, Alejandro Soler y Federico Buyolo. Ambos han sido citados en calidad de investigados tras una denuncia del Partido Popular por un solar municipal vendido a una empresa ligada a la financiación del PSPV
La citación ante esta instancia judicial se produce por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Los investigados son en estos momentos los dos principales cargos alicantinos en el Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de Alejandro Soler y Federico Buyolo.
Ambos fueron nombrados tras la llegada a la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez después de que triunfara la moción de censura contra Mariano Rajoy el pasado 1 de junio.
Alejandro Soler es en la actualidad el máximo responsable de la sociedad dedicada al desarrollo de suelo industrial (Sepes) mientras que Buyolo ha sido durante la legislatura autonómica alto cargo de la Generalitat valenciana aunque desde el pasado mes de agosto trabaja para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
El magistrado los ha citado a declarar para el próximo mes de febrero después de aceptar una querella del Partido Popular por la venta de un terreno municipal a través de Pimesa, empresa pública del ayuntamiento de Elx que hizo la transacción con Hospimar, una mercantil ligada a la presunta financiación irregular del PSPV a través de Crespo Gomar.
Sobre esta cuestión la pasada semana se puso en marcha una comisión de investigación en las Corts Valencianes, aunque ninguno de los dos ha sido citado a declarar. Se da la circunstancia de tras la aprobación del plan de trabajo, Podemos, que ostenta la presidencia de la comisión, se comprometió a ampliar el número de comparecientes en caso de que fuera necesario.
La querella, firmada directamente por la número dos del PP autonómico, Eva Ortiz, ha provocado la apertura de diligencias por los presuntos delitos de prevaricación en la aportación del solar por parte del Ayuntamiento de Elx y por presunta malversación en la venta posterior a Hospimar por un precio menor del que hubiera podido obtener el Ayuntamiento en una venta directa mediante concurso. La citación de ambos dirigentes está prevista a tres meses de los comicios autonómicos y municipales, previstos para 2019.
