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Tauroni exige al Consell 24.105 euros tras absolverlo el Tribunal de Cuentas

El organismo que fiscaliza al sector público no puede reclamarle ninguna cantidad porque no es funcionario, por lo que lo exime en una pieza

El empresario Augusto César Tauroni, condenado por el desvío de las ayudas a la Cooperación por sentencia del TSJCV confirmada por el Supremo y pendiente de otro juicio por otras dos piezas de esta causa, reclama a la Generalitat el pago de 24.105,15 euros como minuta por los gastos de abogado en una causa ante el Tribunal de Cuentas, en la que ha resultado absuelto.

Tauroni, que fue la mano derecha y el empresario de cabecera del exconseller Rafael Blasco a lo largo de los años, fue encausado por el Tribunal de Cuentas en la pieza que investiga el agujero económico a la administración por el desvío de dinero de contratos menores adjudicados a las empresas del Caso Cooperación que les permitió desviar supuestamente 161.020,18 euros. Esta pieza es la que está pendiente de enjuiciar en la Audiencia de València (prevista para el próximo mes de abril) junto a la pieza que ha investigado el desvío del dinero recaudado para construir un hospital en Haití (por el que la Generalitat reclama cinco millones por daño patrimonial y otros tres millones por daño moral). Aunque la resolución penal aún nohaya llegado, el Tribunal de Cuentas sí que dictó sentencia (firme desde el 30 de mayo de 2018) que condenaba a Rafael Blasco, Marc Llinares, Alejandro Catalá y Josep Maria Felip a devolver un total de 161.020,18 euros, el dinero que se considera desviado. En esta sentencia resultó absuelto el empresario Augusto César Tauroni ya que al no ser funcionario público, no se le pueden exigir la devolución de este dinero. Tras este fallo, la defensa de Tauroni ha presentado ante la Generalitat una «minuta por honorarios profesionales» por 24.105,15 euros (IVA incluído), como gastos de representación en esta causa ante el Tribunal de Cuentas en la que ha resultado absuelto y se impone a la Generalitat el pago de las costas generadas al empresario.

Para calcular la factura, la defensa aplica el «Criterio 91 del ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) que prevé «aplicar la escala en la cuantía o interés económico discutido en el pleito (161.020,18 euros) y, por tota la tramitación del procedimiento hasta sentencia».

Una reclamación que el direccitor general de relaciones con las Cort, Antonio Torres, consideran «una burla, teniendo en cuenta que este señor aún debe abonar de forma solidaria, junto al resto de condenados, 2,7 millones por responsabilidad civil del desvío de las ayudas a Nicaragua, dinero del que aún no ha devuelto un sólo euro».

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