La directora general de À Punt, Empar Marco, ha defendido esta mañana en su comparecencia en las Corts la necesidad de un aumento del presupuesto, de los 55 millones hasta los 69 para el próximo año 2019, ante la necesidad de consolidar el servicio público y la necesidad de afrontar en condiciones adecuadas la triple cita electoral de mayo cuando el ente, que apenas llevará entonces menos de un año de emisión, se enfrentará, como mínimo, a las autonómicas, municipales y europeas e incluso a las generales si hubiera un adelanto.

"No queremos dar argumentos a quienes quieren vernos fracasar; no pedimos por pedir, no estamos despilfarrando, estamos invirtiendo", se justifica Marco que ha negado que desde el Consell le hayan prometido más dinero cuando pasen las elecciones, algo que sostiene el PP.

La directora de À Punt ha recordado que el presupuesto de À Punt no llega en la actualidad al mínimo que recoge la ley, del 0,3 % del presupuesto global del Consell, y ha asegurado que el aumento que solicita no es en ningún caso para personal sino para la remodelación de las instalaciones de Burjassot o para consolidar y dar más calidad a los contenidos del ente o dinamizar el sector audiovisual valenciano. Unos argumentos para solicitar un aumento que también ha defendido el presidente del Consejo Rector, Enrique Soriano.

Sin embargo, el aumento presupuestario solo lo apoya Compromís. El síndic, Fran Ferri, ha defendido que el mínimo del presupuesto que recoge la ley es del 0'3 por ciento de las cuentas de la Generalitat y por tanto se incumple la ley en este punto. Compromís mantendrá su reivindicación porque el del presupuesto de À Punt es un artículo de la ley que fue largamente debatido y aprobado por unanimidad de todos los grupos.

El PSPV, que rechaza el aumento, incluso ha lanzado alguna puya a Empar Marco al asegurar la diputada Rosa Peris que no solo hay deterioro en las instalaciones de Burjassot sino en otros edificios de la Administración y ha recordado la infrafinanciación de los valencianos y que televisiones públicas como Galicia (cuyo funcionamiento ha destacado Marco) obtiene ingresos en publicidad de diez millones. Además ha recordado que el propio responsable de la televisión gallega que, compareció en las Corts en la elaboración de ley, les advirtió de no cometer el error que supondría acercar el gasto del personal al 50% del presupuesto.

Además, Peris ha llegado a hablar de "desastre legislativo" para calificar el proceso normativo que sobre À Punt ha desarrollado las Corts ya que en la actualidad no se cumple la ley para el presupuesto de À Punt ni el tope de gasto del personal, el 30% del global. "Hay incoherencia por una enmienda hecha cuando ya estaba en funcionamiento el ente, pero si se contabiliza el 0,3 del presupuesto no debería sumarse la deuda, ha defendido Peris para quien no obstante À Punt está trabajando bien.

Antes, el presidente del consejo rector, Enrique Soriano, ha asegurado que el aumento de presupuesto que ha solicitado el consejo a la Generalitat (de 55 a 69 millones) no es para ampliar la plantilla de personal si no para aumentar la inversión y la generación de nuevos contenidos, así como la rehabilitación de las instalaciones de Burjassot y para asegurar el proceso de consolidación en el que À Punt está inmerso. Soriano asegura que el capítulo de personal se mantiene en el mismo volumen en 2018 y 2019 con pequeñas variaciones.

Soriano sostiene que el coste de À Punt apenas supera el 2% del presupuesto del sector público instrumental valenciano y que la ley recoge que el presupuesto mínimo tiene que ser el 0'3% del presupuesto de la Generalitat, algo que en la actualidad no se cumple. Además, los medios públicos valencianos cuestan 11 euros por habitante mientras la media española es de 26 euros y la europea de 65. Y respecto al informe del Síndic de Comptes que ya advierte deficiencias en la gestión del ente, Soriano se ha compremetido a solucionarlo.

El diputado Jorge Bellver ha preguntado que como el ente no va a limitar el coste de personal de algún punto tendrá que recortar ya que es evidente que no se le van a dar más de 55 millones, ya que el propio presidente Puig se comprometió públicamente a ello.

Antes, el portavoz de Economía del PP en las Corts, Rubén Ibáñez, ha asegurado que la corporación valenciana de medios de comunicación ha tenido que realizar una operación bancaria de 'confirming' que ha costado al erario público 6.695 euros en intereses por el retraso de la Generalitat en aportar los fondos necesarios para el funcionamiento de À Punt. Ibáñez ha preguntado cuánto dinero debe la Generalitat a la corporación y ha señalado que el Consell ya es un gran moroso para À Punt. Ibáñez ha lamentado que el ente se haya tenido que endeudar para financiarse y ha asegurado que la gestión es "nefasta" con una presentación de cuentas fuera de plazo y reformuladas y que entre las cuentas del consejo rector y las de la Intervención de la Generalitat se han perdido ya 3,4 millones, afirma.

Compromís ha lamentado el discurso de Ibáñez, porque lo hace el mismo partido (el PP) que alcanzó una deuda de

1.400 millones de euros en la antigua Canal Nou.

El diputado de Podemos Antonio Montiel ha asegurado que siendo un ente joven, À Punt ya incurre en deficiencias propias de entidades "viejas" como pone en evidencia el informe elaborado por el Síndic de Comptes. "Le exigimos que tome medidas y haga un plan de trabajo para resolver las deficiencias que pone de manifiesto el Síndic que aunque no sean por mala fe sino por el rodaje pueden acabar por convertirse en problemas crónicos y una fuente de despilfarro o incluso, como ha ocurrido con el PP, en casos de corrupción", ha asegurado Montiel en sus preguntas a Enrique Soriano.

La diputada de PSPV Rosa Peris aseguró que tras escuchar el discurso del PP le ha parecido estar en otra etapa, la del endeudamiento de la antigua Canal 9 porque los populares modificaron la ley para poder endeudarse en 1.200 millones y ha reprochado que el PP se sorprenda ahora de que À Punt tenga en plantilla 456 personas cuando los populares se dedicaron a doblar plantillas como hicieron los expresidentes Zaplana o Camps. "Los recursos son escasos, pero siempre hemos dicho que los 55 millones tenían que ser suficientes, sus razones me parecen razonables y ha pedido que se ajusten a ese dinero.

El portavoz de Ciudadanos, Toni Subiela, afirma que el proyecto hace aguas y que los números no cuadran. Ha reprochado que ya se estén proponiendo subidas salariales en À Punt y que al consejo rector no le preocupa cumplir o no la ley. Ciudadanos estudia llevar a À Punt a la Agencia Antifraude.