La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, a través del delegado Juan Carlos Fulgencio, ha entregado hoy sus IV premios "Meninas" 2018 a las personas y/o entidades que se han destacado en su lucha contra la violencia machista. Así, a título póstimo ha sido reconocida la exministra de Cultura, Carmen Alborch, por su "inmenso legado en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, y su defensa a ultranza del feminismo".
La diputada provincial y edila de Xirivella, Isabel García Sánchez, ha sido galardonado "por su activa colaboración con las instituciones públicas y privadas, y con todo el tejido asociativo de la provincia de Valencia con el objetivo de erradicar la violencia sobre la mujer y muy especialmente, por la creación de la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género de la Diputación de Valencia".
Beatriz Martínez Garrés, directora del centro de recuperación integral “Benacantil”, ha recibido el reconocimiento "por su trayectoria profesional vinculada a la atención especializada y la recuperación integral de las mujeres supervivientes y de sus hijos e hijas".
Reyes Santamaría Villagrasa, que dirige el Servicio Municipal de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Castelló, es otra de las premiadas por "su compromiso personal y profesional en el establecimiento de las condiciones sociales, educativas, culturales y económicas para que la violencia de género no tenga espacio en nuestra sociedad".
El Inspector Jefe de la Policía Nacional, Francisco Javier Márquez, también ha recibido el "Meninas" por su "trayectoria policial estrechamente vinculada a la lucha contra la violencia de género, en sus facetas de prevención, investigación, protección y asistencia", a través de la Unidad Familiar y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Alicante.
El capitán de la Guardia Civil José Ángel Millán y el teniente Jesús Capilla, a su vez, son premiados por su actuación destacada en la protección de las víctimas de violencia de género, excediendo de las obligaciones ordinarias propias de sus cargos. Ambos miembros de la Guardia Civil intervinieron en la resolución de un caso de retención ilegal de una mujer víctima de violencia de género en una vivienda de Requena, y detuvieron al autor de los hechos sin que la víctima sufriera ningún daño físico.
Acto presidido por Fulgencio
El delegado del Gobierno en la Comunitat ha presidido la IV edición de los reconocimientos en un acto en el que ha asegurado que "la fórmula del juicio rápido para casos en los que el maltrato es mantenido en el tiempo, que son la mayoría, no es una fórmula efectiva". Fulgencia ha añadido que este sistema “es rápido, pero empequeñece el delito y deja sin castigo, la continuidad del maltrato, que se da en la mayor parte de ocasiones”.
De hecho, según los datos aportados por Fulgencio, el 55 % de los casos juzgados del primer trimestre de este 2018 fueron lesiones y malos tratos incluidos en el artículo 153 del Código Penal, "es decir, hechos puntuales y, solo un 11% se circunscriben al artículo 173, que castiga la violencia física o psíquica habitual". Por ello, ha señalado, “el futuro debería pasar, por una instrucción más lenta que permitiera recabar las pruebas de una violencia psicológica o de años de maltrato, para calificar los hechos como violencia habitual, pero garantizando la rápida protección de la víctima”.
El delegado ha destacado que el Gobierno central "considera el Pacto de Estado de 2016, como una verdadera y prioritaria política de Estado", como lo demuestra el impulso el Real Decreto Ley 9/2018, por el que el Gobierno propone nuevas medidas contra la violencia machista, como la devolución a los ayuntamientos de competencias para la protección de las víctimas o modificaciones en el Código Civil para que los niños víctimas de violencia de género puedan recibir asistencia psicológica sin tener que pedir autorización al progenitor denunciado.
También se ha fortalecido la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas de violencia de género. Igualmente, se ha recogido que la confirmación de las situaciones de violencia de género se amplíe más allá de la sentencia o resolución judicial.
