Los sobrescostes de mantenimiento y vigilancia de las obras paralizadas de la cárcel de Siete Aguas siguen aumentando mes a mes y ya alcanzan los 850.000 euros. Un centro penitenciario que fue adjudicada en marzo de 2010 por 89,1 millones y de los que solo se han certificado 14,5 millones. Una situación que para el diputado de EUPV en el Congreso, Ricardo Sixto, evidencia el «derroche» de dinero que supone para las arcas estatales la paralización de la construcción.

En una respuesta al representante valenciano en la Cámara baja,el Gobierno asegura que «desconoce los motivos de la paralización de esta obra» y que «todavía tiene que estudiar la situación anómala e intentar solucionarla».

El pasado mes de julio Sixto volvió a dirigir una batería de preguntas al Gobierno de Pedro Sánchez para conocer los planes del nuevo Ejecutivo para las obras paralizadas del centro penitenciario de Siete Aguas después de «años de inacciones por parte del PP». «La respuesta que nos dan no sólo nos confirma que no hay una solución al problema sino que, además, continúa el derroche de dinero público», lamentó el diputado en un comunicado.

Sixto recordó que los populares ya reconocieron que «desde que se paralizaron las obras en 2014 hasta junio de 2017 el coste de la vigilancia de las instalaciones ascendía a 600.000 euros».

En cambio, esta cantidad «todavía es mayor debido a que el nuevo Gobierno confirma que se continúa abonando este gasto que llega a 14.262 euros al mes». «Esto quiere decir que desde entonces esta cifra se ha incrementado y ya supera los 850.000 euros, cantidad a la cual hay que añadir el coste del contrato de construcción de la obra que, finalmente, ascendió a 89.144.228 euros después de una modificación con sobrecostes», aseveró.

El Gobierno, en la respuesta al diputado de EU, señala que hasta el mes de octubre de 2018 se habían certificado del contrato de construcción de la obra principal la cantidad de 14,5 millones de euros de un presupuesto de 89,1 millones, es decir, un 16,2 por ciento.

Estos datos «evidencian que cada día que pasa sin que este equipamiento esté abierto supone un nuevo dispendio económico que al final pagamos todos los ciudadanos por la propia ineficacia de la política llevada a cabo por el PP y la falta de solución al mismo por parte del PSOE», advirtió Sixto.

Las obras se adjudicaron en marzo de 2010 por el Gobierno de Zapatero a la UTE de Sacyr-Indra para la construcción del que sería el futuro centro penitenciario Levante II y que contaría con una capacidad para 1.194 internos, con 1.008 celdas distribuidas en diez módulos residenciales, cuatro polivalentes y cuatro de mujeres.