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Transporte

Los transportistas se rebelan contra el pago por el uso de las autovías

El anuncio del Gobierno aumenta el malestar por el desvío obligatorio a las autopistas para sacar a los camiones de las carreteras convencionales

Los transportistas valencianos se han rebelado contra la decisión del Gobierno central de empezar a cobrar por el uso de las autovías que siempre han sido gratuitas. El anuncio del Ministerio de Fomento ha acrecentado el malestar existente en el sector desde que empezó a aplicarse el desvío obligatorio de camiones en el norte de Castelló y Cataluña a la autopista AP-7, que la nueva ley de carreteras puede hacer extensible a todo el territorio español. La patronal se va a reunir la próxima semana en Madrid para decidir si emprende movilizaciones. La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET) advirtió ayer de que está «radicalmente en contra» del pago por utilizar las autovías y de la obligación de utilizar autopistas en vez de las carreteras convencionales.

Los camioneros lamentan que el Ejecutivo está cediendo ante las presiones del sector de la construcción, que desde hace tiempo viene reclamando una tasa en las autovías destinada a costear la financiación de nuevas infraestructuras y su mantenimiento.

Las empresas catalanas ya realizaron una protesta el pasado 11 de octubre en contra del veto a los camiones en las carreteras nacionales del Corredor Mediterráneo entre Castelló y la frontera francesa. Los transportistas de Tarragona, que son los más afectados por la obligación de utilizar la vía de pago frente a las carreteras gratuitas, han convocado una nueva marcha lenta para el próximo 5 de diciembre que puede bloquear la autopista AP-7 en vísperas del puente de la Constitución.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) analizará el próximo jueves 22 de noviembre la posibilidad de convocar movilizaciones en contra de la aplicación de la «euroviñeta» en las autovías. Fuentes del sector lamentaron: «Habíamos leído que las autopistas iban a quedar libres de peaje, pero ahora resulta que vamos a pagar todos en todos los sitios. Siempre tienen necesidad de dinero, quieren cobrar por todo».

Carlos García secretario de FVET, incidió en que decidirán en Madrid las medidas a tomar. «Ahí se planteará un cese de actividad. Buscamos una actuación coordinada a nivel nacional», señaló. Otras fuentes del sector lamentaron que el Gobierno plantee este tipo de alternativas después de reunirse con Seopan (la patronal de los constructores).

Sistema de financiación

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, abrió hace unos días la puerta al cobro por el uso de autovías, atendiendo así una vieja reivindicación de Seopan. Tras el Consejo de Ministros del 9 de noviembre en el que confirmó la gratuidad de la AP-7 a partir del 1 de enero de 2020, Ábalos defendió la necesidad de diseñar un sistema para financiar el coste que actualmente supone mantener la red de casi 11.000 kilómetros de autovías en todo el territorio nacional. «Es la única infraestructura de transporte que se pretende gratuita, cuando ninguna lo es».

Esta misma semana, se ha celebrado un encuentro entre Fidex (que agrupa a las 11 principales ingenierías españolas) y Seopan en el que han reclamado un pacto nacional de infraestructuras para acometer más de ochocientos proyectos pendientes cuyo importe alcanza los 103.000 millones de euros.

La Federación Valenciana del Transporte lamenta que el decreto ley que prohíbe circular a determinados vehículos pesados en algunas carreteras convencionales obligándoles a circular por las autopistas de peaje ahonda en la crisis del sector. El colectivo considera que la medida atenta contra la libre circulación y ocasiona un aumento innecesario de los kilómetros recorridos.

La patronal valenciana ha acusado al ministro Ábalos de «demonizar al sector». El colectivo ha pedido al Ministerio de Fomento que dé marcha atrás y reconsidere su postura. «De lo contrario, nos veremos obligados a tomar decisiones que afectarán de forma muy negativa al funcionamiento de las carreteras y a los servicios de transporte», aseguró el colectivo.

Entre las quejas de los transportistas valencianos figura también la subida de la fiscalidad del gasóleo, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado aparcada de momento mientras aborda otras reformas.

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