La Fiscalía Provincial de València pide tres años y siete meses de prisión para los ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) procesados por el accidente del metro del 3 de julio de 2006, según acaban de informar fuentes de la Fiscalía General del Estado.
El escrito de acusación, paso previo a la apertura de juicio oral, considera que los ocho altos cargos de la empresa ferroviaria podrían haber cometido un delito contra la seguridad de los trabajadores, en su modalidad e higiene en el trabajo, ya que el accidente fallecieron el maquinista que conducía el tren y la interventora.
Además, la Fiscalía considera que los ocho exdirectivos también pueden ser acusados por 43 delitos de homicidio, por imprudencia profesional, por las 43 víctimas mortales que se registraron en el accidente entre las estaciones de Plaza de España y Jesús hace doce años. A esta acusación se sumarían otros 37 delitos de lesiones, también por imprudencia grave profesional.
Se trata de la exgerente, Marisa Gracia, que será juzgada junto a Vicente Contreras, ex director adjunto de la Explotación de FGV; Francisco García, ex director técnico; Manuel Sansano, exdirector de Operaciones; Juan José Gimeno, exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación; Luis Miguel Domingo Alepuz, exjefe de Talleres de València Sud; Sebastián Argente, exjefe de la Línea 1 y Francisco Orts, exjefe del área de estudios y proyectos.
Por estos hechos, el Ministerio Público considera que Marisa Gracia, la exgerente de FGV, debería ser condenada a tres años y siete meses de prisión, e inhabilitación especial para el ejercicio de cargo directivo en empresa pública o privada durante cinco años y seis meses.
El resto de exdirectivos se enfrentan a los mismos años de cárcel y de inhabilitación para ejercer la profesión relacionada con el ramo del transporte de viajeros durante los mismos cinco años y seis meses.
La Fiscalía también reclama que se declare la responsabilidad civil directa de la compañía aseguradora Zurich España y la subsidiaria de FGV.
El escrito de la Fiscalía relata una serie de "graves deficiencias" en la línea de metro accidentada, la línea 1, y asegura que "eran conocidas" por los organismos encargados de la seguridad en FGV, el Comité de Seguridad en la Circulación y la Dirección de Auditoría para la seguridad, que debieron ser "controladas" y, en su caso, sancionadas.
Los acusados, desde sus puestos de responsabilidad y su poder de decisión directo para decidir medidas de seguridad, "conocían o debían conocer" las deficiencias, que ponían de manifiesto "defectos muy graves de seguridad" en la línea 1, señala el escrito.
La Fiscalía destaca que esas deficiencias consistieron no solo en la falta de medidas tecnológicas de control de la velocidad en la línea, sino también en deficiencias del material móvil rodante y en la formación y selección de maquinistas, y en la inexistencia de un plan de prevención de riesgos laborales que neutralizara los riesgos de velocidad, descarrilamiento y vuelco de trenes.
"Todos ellos eran conscientes de que tales deficiencias detectadas en una actividad de transporte de personas conllevaba un riesgo muy grande para la seguridad de los trabajadores y para las personas, como así ocurrió" el 3 de julio de 2006 en la estación de Jesús, señala la Fiscalía.
Según la calificación, el tramo del accidente necesitaba, por su trazado y frecuencia de paso de trenes, una señal de limitación de velocidad y estar protegido del exceso de velocidad con una baliza previa, como habían reclamado los maquinistas y como de hecho se colocó tras el accidente.
Sobre el material móvil, destaca que en la unidad accidentada se cambiaron las ruedas, ejes y ventanas "sin dar cuenta al fabricante" ni que lo homologara "autoridad alguna" y, por ejemplo, los cambios en las ventanas impidieron que actuaran como medida de protección y provocaron un resultado "mucho más grave".
Añade que los acusados conocían también las "deficiencias" en la formación de maquinistas, pues, por ejemplo, el de la unidad accidentada -que murió en el accidente- tenía "dos meses de experiencia en la conducción" y en ese tiempo "superó de forma habitual la velocidad en la vía".
También indica que no se había evaluado el riesgo de vuelco y que FGV no hizo ninguna investigación del siniestro, pese a estar obligada, y concluye que las deficiencias en seguridad y en prevención de riesgos laborales son "evidentes", mientras que la infraestructura "tampoco superaba los requisitos" de la normativa comunitaria ni estatal.
