Hay dos preceptos legales que a los cuatro meses de su puesta en marcha incumple À Punt. Uno, que el presupuesto no llega (ni llegará en 2019) al mínimo de lo que recoge la ley de creación, el 0,3 del total del presupuesto de la Generalitat; y otro, una disposición que se incluyó en la ley el pasado mes de mayo, cambiando otra ley (en este caso la del Audiovisual) para que el coste del personal no supere al 30% de los 55 millones de euros que este año maneja À Punt.
El primero no parece que vaya a solucionarse porque solo Compromís apoya dar más dinero al ente que dirige Empar Marco, que pide 69 millones para el próximo ejercicio. Y para solventar el segundo, PSPV y Compromís han pactado una moratoria por la puerta de atrás de la ley de acompañamiento para dejar en suspenso la parte que afecta al personal.
Un galimatías normativo en toda regla que en el PSPV ya reconocen abiertamente que es un «desastre legislativo», según el término que usó ayer en las Corts la diputada socialista Rosa Peris.
La parlamentaria se refirió a esta cuestión en la comparecencia de los responsables de los medios públicos, la directora, Empar Marco, y el presidente de la corporación, Enrique Soriano.
Consolidar el nuevo ente
Ambos justificaron la petición de más dinero en la necesidad de consolidar el servicio público y el renacido sector audiovisual valenciano, frenar el deterioro de las instalaciones de Burjassot, mejorar la calidad de los contenidos que se ofrecen y preparar con garantías la triple cita electoral de 2019, que podría ser cuádruple si se adelantan las elecciones generales al «superdomingo» del 26 de mayo.
Pero la reclamación de Marco y Soriano solo la atiende Compromís pero ni el PSPV ni, de momento, Podemos. La socialista Peris incluso lanzó varios dardos a Marco. Sobre al deterioro de las instalaciones de Burjassot le recordó que también otros edificios de la Administración tienen problemas y que televisiones públicas como la de Galicia (cuyo funcionamiento aplaudió Marco) obtiene ingresos en publicidad de diez millones frente a los 600.000 de À Punt desde junio, aunque la directora se mostró convencida de aumentar esa partida cuando se consoliden la televisión y sus plataformas.
«No queremos dar argumentos a quienes quieren vernos fracasar; no pedimos por pedir, no estamos despilfarrando, estamos invirtiendo», justificó Marco que negó que desde el Consell le hayan prometido más dinero cuando pasen las elecciones, lo que sostiene el PP.
Mientras, el síndic de Compromís, Fran Ferri, asegura que su grupo mantendrá la reivindicación de más dinero porque el del presupuesto de À Punt es un artículo de la ley aprobado por unanimidad y se mostró sorprendido de que el resto de grupos no apoyen que À Punt cumpla la normativa.
Mientras, el portavoz de Economía del PP, Rubén Ibáñez, desveló que la corporación ha tenido que realizar una operación bancaria de «confirming» que ha costado 6.695 euros en intereses por el retraso de la Generalitat en aportar los fondos para funcionamiento.
Ciudadanos aseguró que la corporación hace aguas y Podemos que tiene deficiencias de un «ente viejo» como ha evidenciado el informe del Síndic de Comptes.
