La reforma del Estatut d'Autonomia, pendiente de ser validada desde 2011, puede salir adelante en esta legislatura de la Generalitat (siempre que no haya adelanto). Como publicó ayer Levante-EMV, un acuerdo entre todos los grupos para evitar que la modificación quede sujeta a un posterior referéndum ha desbloqueado la tramitación de la reforma en el Congreso de los Diputados. La comisión constitucional debe dar luz verde hoy a esta enmienda transaccional que convierte la famosa cláusula en un punto añadido al artículo 52 del texto estatutario. Inicialmente, se planteó como disposición adicional. Ahora pasa a reflejar una competencia más del ejecutivo autonómico, lo que evita el paso de la consulta popular.
La cláusula en cuestión (a imitación de la que existe en Andalucía o Cataluña) tiene como objetivo garantizar que las inversiones del Estado serán equivalentes al peso poblacional de la Comunitat Valenciana. Esta circunstancia no se ha producido (ni de cerca) en los últimos años.
Este añadido ha sido considerado como una declaración de voluntades, vacía de efectos legales prácticos, por una sentencia del Tribunal Constitucional (al respecto del Estatuto de Andalucía). Sin embargo, el Supremo sí que reconoció hace unos meses la validez de la cláusula. Fue a raíz de un recurso de la Generalitat catalana contra un fallo de la Audiencia Nacional. Este le negaba una liquidación de la financiación de 2008 pactada en la comisión con el Estado y que tenía en cuenta el artículo del Estatuto catalán que prevé que la inversión en infraestructuras se equipare al porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) de Cataluña sobre el del Estado.
El Supremo, en una resolución que ahora ha sido tenido en cuenta por los diputados valencianos en Madrid, estimó parcialmente el recurso al entender que la disposición «no vincula al poder legislativo del Estado», pero «sí que compromete al Ejecutivo estatal en tanto ha llegado efectivamente a un acuerdo con el autonómico».
La sentencia refuerza así el valor de la cláusula, que incorporada ahora al núcleo del texto estatutario no se limitará a señalar de forma general que «la Generalitat participará en las decisiones sobre la inversión del Estado en la Comunitat Valenciana». Mantendrá el texto casi íntegro de la propuesta aprobada en 2011, que dice que la participación «será equivalente al peso de la población de la C. Valenciana sobre el conjunto del Estado, según la enmienda transaccional acordada por todos los grupos.
El cambio en la propuesta obligará a que la reforma vuelva a las Corts. La previsión es que pueda entrar a finales de febrero tras pasar por el Congreso y el Senado. Si hay algún retraso, quedaría de nuevo en el aire, ya que las Corts se disolverán a finales de marzo (el máximo son 53 días antes de las elecciones).
