El camino hacia el vaciado de las diputaciones que el Botànic se conjuró hace unas semanas para transitar antes de las elecciones de mayo de 2019 ha sufrido un repentino frenazo en los últimos días.
El Consell acaba de emitir su criterio favorable a que la ley de Podemos sobre las competencias de las diputaciones se tome en consideración en las Corts y se pueda abrir el debate, pero en el acuerdo adoptado por el gobierno de Puig y Oltra se considera necesario que el texto propuesto para convertirse en futura ley sea objeto «de un esfuerzo de reflexión, revisión y consenso».
Con ello, el ejecutivo quiere que se asegure el mejor encaje de la nueva norma dentro del marco legislativo de la administración local y que se complete el régimen para la coordinación de las competencias propias de las diputaciones e incluso sostiene que en la iniciativa de Podemos esta cuestión se aborda de forma «limitada».
Otro reparo que pone el Consell a la norma de Podemos es que no se regula con el suficiente grado de desarrollo el ámbito material, las condiciones y los medios que deben permitir a la Generalitat ejercer de manera efectiva y con todas las garantías de respeto a la autonomía local la coordinación efectiva de esas competencias.
Por ello, el PP pidió ayer tras conocer el dictamen del Consell que las Corts pidan un informe «urgente» al Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre la ley de Diputaciones para garantizar la seguridad jurídica de la norma, algo que al síndic del PSPV, Manolo Mata, le parece que vale la pena explorar porque, en su opinión, lo que dice el acuerdo del Consell es que se trata de una ley de extrema complejidad. Pero Mata señaló que si se consulta al Jurídic debe ser con la suficiente rapidez para mantener los plazos. Esa posibilidad de solicitar un dictamen urgente al órgano consultivo es una competencia que las Corts tienen desde la última reforma del Estatuto, aunque es un camino no explorado.
Los plazos preocupan a Podemos
Precisamente la cuestión que más preocupa a Podemos es la de los plazos. Su líder, Antonio Estañ, asegura que el informe del Consell es favorable a sus tesis aunque plantea una recomendación para que se produzca un gran consenso sobre la norma, Con todo, el síndic teme que sea una iniciativa para dilatar los plazos en una ley «importante» porque permitirá discernir las competencias locales, autonómicas y provinciales.
Estañ teme que si se acude al Jurídic ya no haya tiempo material esta legislatura para aprobar por ley el vaciado de las diputaciones y recuerda que ya no habrá más plenos ordinarios hasta enero.
Con todo, fuentes de Podemos plantean que ahora es el momento de establecer y regular las competencias y funciones de las diputaciones aunque observan que en el dictamen del Consell hay un contenido más político (al hablar de necesidad de consensos) que técnico. Por eso no entienden que sea necesario un informe del CJC porque supone un intento de dilatar el plazo. Para Podemos es una ley fundamental y no quiere que se quede, como otras, en el tintero.
El PP cree necesario acudir al Jurídic para garantizar la seguridad jurídica de la norma. La portavoz adjunta, Eva Ortiz, apunta que hay una situación de posible inseguridad jurídica que debe aclararse y por ello su formación ha pedido que de forma urgente el Jurídic se pronuncie para que sea compatible con la premura de plazos que exige Podemos.
Desde Compromís, su síndic, Fran Ferri, sostiene que su formación respetará lo que decida el grupo que ha propuesto la norma, es decir, Podemos. En todo caso, el portavoz cree que hay tiempo «de sobra» para que el CJC emita su dictamen y cumplir los plazos.
Por su parte, el síndic del PSPV, Manolo Mata, sostiene que igual sería bueno llevar la norma al CJC, «siempre y cuando tuviéramos garantía de que es muy rápido». «Igual sería bueno, siempre y cuando sea en términos rápidos».
