Legislación sobre violencia machista, medidas judiciales, proyectos municipales, ayudas autonómicas, convenios, conciertos, programas... ¿cuáles son los avances en la protección a las mujeres? ¿Funcionan las nuevas medidas? ¿Cuál es el grado de cumplimiento? Para valorar cómo funciona en el sistema de protección de mujeres en la Comunitat Valenciana la Plataforma Cedaw Sombra CV ha elaborado un informe que presentó ayer. Este documento -que se incluirá en el que realizará España para explicar los avances del país en la materia entre los años 2014 a 2018 como compromiso nacional tras ratificar el Convenio de Estambul- se presentará en febrero de 2019 ante el Grupo de Expertas del Consejo de Europa Grevio (Grupo de Expertas en la Lucha contra la Mujer del Conejo de Europa).

Entre las conclusiones, realizadas por más de 100 ONG feministas, destaca que la Comunitat Valenciana tiene la tasa de cobertura de plazas en los centros de acogida más baja de toda España. «La tasa de cobertura de plazas en los centros de acogida respecto a las mujeres con órdenes de protección en el País valencià es del 3,4 %, la más baja de todo el estado español», reza el informe mientras recalca a continuación que «solamente al 23 % de las denuncias se les concede una orden de protección», lo que supone que de 19.431 denuncias interpuestas en la Comunitat Valenciana solo 4.617 mujeres han contado con órdenes de protección.

Además, el texto explica que en cuanto a servicios de alojamiento para mujeres víctimas de violencia de género, «no se cumple el criterio de la proximidad geográfica de los recursos, (artículo 22 del Convenio de Estambul), pues están ubicados en las tres capitales de provincia», además de criticar la falta de recursos en poblaciones rurales o pequeñas.

El informe asegura que a pesar de los avances conseguidos (Pacte valencià contra la violencia de gènere, Xarxa d'agents d'Igualtat de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Xarxa de municipis protegits contra la violencia de gènere de la Diputació de València, protocolo sanitario unificado, ampliación de la red de oficinas de asistencia a las víctimas del delito,€) «denunciamos la falta de dotación presupuestaria suficiente, falta de recursos personales especializados, la precariedad laboral de los servicios de igualdad y de los servicios de atención integral a mujeres (consecuencia de la externalización de los servicios sin control ni supervisión por personal especialista en la materia del acceso a los mismos), falta de formación en todos los ámbitos asistenciales, en especial, en la judicial».