El sindicato mayoritario de la concertada pide que se financien sus extraescolares

FSIE acaba de registrar hoy en les Corts una batería de propuestas para que los diferentes grupos las incluyan vía enmiendas en los presupuestos de 2019 y se "pueda reequilibrar el trato y la inversión prevista este año para la enseñanza concertada".

Así, el sindicato pide propone introducir en el articulado de la Ley una "Cláusula de proporcionalidad" para que en todas aquellas líneas presupuestarias destinadas a mejorar la calidad educativa y financiar gastos a todos los centros sostenidos con fondos públicos, se aplique un criterio de proporcionalidad basado en el número de alumnos escolarizados, teniendo en cuenta la distribución de los mismos entre los centros públicos y concertados. Así, se "acabaría con la discriminación en la Educación compensatoria o en auxiliares de conversación", dice FISIE. Al finalizar el proceso de aplicación de dichos fondos, la partida global se saldará con el trasvase de fondos entre los dos tipos de centros.

Además, FSIE propone una actualización del gasto variable para los centros concertados, pues está congelado desde el año 2009. El coste de la vida acumulado desde entonces ha experimentado un incremento de 10,8 % en la Comunitat, lo que hace "necesario una actualización de este módulo con el fin de atender, por una parte, al incremento salarial del personal de administración y servicios (que en este periodo ha incrementado su salario en un 3,25 %) y por otra, los gastos corrientes de suministros y generales de los centros que, en la actualidad lo afrontan con sus propios medios", detalla en un comunicado.

Para ello, se hace necesario establecer en la partida correspondiente a gastos variables del módulo de conciertos un “Complemento de ajuste”, similar al establecido para la homologación de los docentes de la concertada con la pública. Este complemento de ajuste recogerá al menos el diferencial entre el incremento de los salarios 2009-2018 y el aumento del IPC en el mismo período, es decir un complemento del 7,55% sobre el módulo de gastos variables en cada nivel. En Infantil y Primaria, ese complemento supondría 561,57€/año/unidad.

En cuanto a la gratuidad de escuelas infantiles públicas en el tramo de 2 a 3 años, FSIE advierte de que los presupuestos 2019 contemplan la gratuidad de 8.816 plazas escolares en la etapa de Educación Infantil con un coste de 24 millones de euros. Por ello, y para poder ejercer el "derecho a la libertad de elección de centro en este nivel educativo y garantizar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado", añade FSIE, se hace necesaria una partida destinada a "establecer la gratuidad en todos los centros privados autorizados" que oferten este nivel. Para ello, FSIE propone implementar una nueva partida que "subvencione el coste al 100% de 2-3 años en todos los centros privados autorizados que oferten este nivel educativo, posibilitando la libre elección de los padres y madres".

Sobre las actividades extraescolares, el sindicato propone que se implemente en el mismo programa la cantidad equivalente para financiar las actividades extraescolares de los alumnos beneficiarios de las ayudas del comedor escolarizados en los centros concertados, modificando además la resolución que regula la jornada escolar. Así, FSIE ha recordado que en la Resolución de 25 de Enero de 2018 donde se regulan las condiciones para un plan específico de organización de la jornada escolar, se establece que los recursos económicos necesarios se dotarán con cargo al capítulo II del programa 422.20 de los presupuestos. "Se deja, incomprensiblemente, fuera de esta posibilidad a los alumnos de la enseñanza concertada que estén en las mismas condiciones de precariedad y necesidad".

Además, FSIE reclama a los partidos que no se disminuya la partida presupuestaria destinada a operaciones corrientes en las etapas Bachillerato y Ciclos Formativos, en cumplimiento de las recientes sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en relación al concierto educativo de etapas no obligatorias, estableciendo que -una vez accedido al régimen de conciertos y en tanto exista suficiente demanda social- la Administración está obligada a mantener los conciertos de Bachillerato y Ciclos Formativos, y consecuentemente los recursos destinados a estas enseñanzas. Para ello, el sindicato añade que se trata de "una propuesta "barata" para la gran repercusión que tiene ya que se trataría de mantener la misma cantidad presupuestada en 2018 en operaciones corrientes. Es decir, 102.362.000,30 euros.