Las familias de las víctimas del metro elevan a cuatro años la petición de cárcel para los ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) procesados por su presunta responsabilidad en el accidente del metro del 3 de julio de 2006, que costó la vida a 43 personas y heridas a otras 47. También reclaman seis años de inhabilitación para todos ellos. Unas penas ligeramente superiores a las reclamadas por la Fiscalía que fijaba en tres años y siete meses de cárcel la petición de condena, además de cinco años y seis meses de inhabilitación. Unas condenas que el letrado de la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j), Vicenta Baeza, basa en los siguientes argumentos, según su escrito de acusación presentado ayer.

Las condiciones del tren, el maquinista y la vía del servicio. La Línea 1 tiene 226 curvas de un radio inferior a 2.000 metros de las que únicamente dos tienen un radio inferior a 100 metros (más cerradas). Ambas se encuentran en la parte subterránea del trazado y en una de ellas es donde se produjo el accidente. Una curva «que no disponía de sistemas electrónicos de frenado automático del tren en caso de exceso de velocidad» a pesar de que «la circulación en curva de los vehículos ferroviarios constituye una de las condiciones más extremas de su operación». A pesar de ello, «no consta que FGV realizara ninguna clase de simulación para conocer el comportamiento dinámico de las unidades de tren articulado (UTA) de la serie 3700, las del accidente».

El accidente y las circunstancias de la circulación. El abogado Vicente Baeza recuerda en su escrito de acusación un detalle clave para conocer las causas del accidente y que confirma que era previsible y evitable. «En el tramo entre las estaciones de Plaza de España y Jesús la velocidad de itinerario marcada era de 50-55 km/h con una velocidad máxima consentida de 60 km/h, la velocidad máxima permitida con carácter general a lo largo de todo el tramo subterráneo de la Línea 1. Una velocidad consentida a pesar de que «en la curva de entrada al andén de Jesús, con un radio de 91 metros, a una velocidad de 65 km/h existía muy alto riesgo de descarrilamiento de los convoyes».

Las balizas inexistentes o que se podrían haber reprogramado. Entre las estaciones de Plaza de España y Jesús existían tres balizas que únicamente controlaban la velocidad de entrada y salida a las estaciones para que no superaran los 40 km/h. A juicio del letrado Baeza (FGV y sus directivos conocían que la baliza 1680 (ubicada a medio trayecto entre ambas estaciones) podía haber sido técnicamente programada y haberla ubicado en otro lugar (adecuado) para limitar la velocidad en la curva y en la entrada de la estación. Sin embargo, debiendo y pudiendo hacerlo, en su instalación y programación, FGV y sus directivos decidieron no tener en cuenta el trazado ni la geometría de la vía».

Sistema de frenado automático puntual (FAP). El FAP (frenado automático puntual) era el sistema de seguridad instalado en la Línea 1 en el momento del accidente. Se instaló en 1999, tras ganar el concurso la empresa Siemenes, bajo la dirección técnica de algunos de los directivos ahora investigados. El pliego de condiciones del contrato del FAP «señalaba el riesgo existente de un exceso de velocidad en determinados puntos de cada tramo, indicando que se valorará el control de velocidad de las limitaciones de velocidad prestablecidas». Sin embargo, «FGV no hizo ningún estudio ni desarrolló acción preventiva alguna para valorar dicho riesgo y dotar a la infraestructura de medidas de seguridad necesarias para eliminarlo o aminorarlo».

Prevención de riesgos y medidas de seguridad. FGV «no había adoptado medidas, ni preventivas, ni de control o de verificación posterior, para comprobar la eficacia real de las medidas de seguridad existentes», señala el letrado en su escrito. Y añade que «no hubo una evaluación preventiva de riesgos ni una planificación de la actividad preventiva» por lo que los directivos «incumplieron la más mínima diligencia y exigencia que les correspondía como garantes de la seguridad de viajeros y trabajadores».