La teoría del caos ha llegado con especial fuerza al seno de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló. El efecto mariposa, esa singular expresión que nos advierte de que cada pequeño acto que hagamos puede tener enormes consecuencias en un mundo futuro, revolotea desde hace semanas por las filas de la formación. Ali Brancal, vicealcaldesa en la capital de la Plana, y Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo, caminan en la actualidad por el filo de la navaja, una navaja que afilaron ellos hace cuatro años y que ahora les golpea como un bumerán. El motivo, una investigación abierta en un juzgado de Castelló por presunta malversación de caudales públicos y falsedad documental a raíz de una querella del Partido Popular que, cierto es, tiene aroma de vendetta.
Para entenderlo todo hay que viajar en el tiempo, en concreto a enero de 2014, una época en la que el Partido Popular recibía mandobles judiciales a dos carrillos, presa fácil de las críticas y ataques de formaciones como PSPV, EU o Compromís. En el Ayuntamiento de Castelló gobernaba con su habitual rodillo el PP (15 concejales), una situación que se repetía plácidamente desde 1991. En la oposición, el PSPV con 9 ediles, el Bloc con 2 y Esquerra Unida con 1. Era el momento idóneo de las fuerzas de izquierdas para apostar por la ejemplaridad ante la corrupción que asolaba a los populares. Los dos ediles nacionalistas, Enric Nomdedéu y Ali Brancal, y la concejala e EU, Carme Carreras, lideraron en ese momento la renovación del Código del Buen Gobierno del ayuntamiento. Se frotaban las manos, sin duda, viendo el panorama judicial que se cernía sobre el PP.
Nuevo código de Buen Gobierno
Fue un intenso año de reuniones y consiguieron su objetivo, un código que llevaba al extremo la ejemplaridad de los políticos del consistorio castellonense, más duro si cabe que cualquier otro. En abril de 2015, por fin, toda la corporación lo apoyó en pleno. A partir de entonces, en el momento en el que se imputase a un miembro de la corporación municipal por «corrupción política», el concejal o concejala en cuestión «será apartado de toda representación» municipal. Y por corrupción política entendemos, entre otros, «prevaricación, revelación de secretos, cohecho tráfico de influencias, malversación, fraude, falsedad documental o estafa».
Compromís se frotaba las manos. Un mes después había elecciones municipales y autonómicas y la sensación era que el PP reeditaría de nuevo la victoria, con opciones en este caso de gobernar con Ciudadanos, que estaba cantado que entraría al ayuntamiento por el efecto Rivera. Con el código en la mano, podrían reclamar ceses ante cualquier posible imputación de los populares. Olía a sangría política.
Pero las urnas dieron un vuelco y la paleta de colores cambió radicalmente. PP (8 ediles) y Ciudadanos (4), a la oposición, y PSPV (7 ediles), Compromís (4) y Castelló en Moviment (4), unidos por un Acord del Grau que llevó a la socialista Amparo Marco a la alcaldía y a Enric Nomdedéu como vicealcalde. Este último apenas estuvo un año en el cargo: en 2016 fue nombrado secretario autonómico de Empleo, cediendo la vicealcaldía a Ali Brancal.
Nada nuevo en el horizonte hasta el 23 de febrero de 2018, con la celebración de un pleno extraordinario sobre la corrupción solicitado por Castelló en Moviment, donde el Partido Popular iba a ser motivo de escarnio por sus años de corrupción política. Pero el portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, tenía una carta guardada. Sacó a relucir que Compromís, en la campaña electoral de las elecciones europeas de 2014, utilizó recursos del ayuntamiento para enviar por correo postal propaganda electoral.
Lo que parecía una bravuconada más de Pérez Macián se concretó en una querella en un juzgado de Castelló, juez que podía haberla dejado en nada y archivarla, pero que decidió abrir un procedimiento y citar en calidad de «investigados» a Brancal y a Nomdedéu, que declararon el pasado 11 de julio. El PP ha aportado como pruebas sobres que fueron devueltos al ayuntamiento ese año 2014 y que, al parecer, un funcionario presuntamente afín al PP vio sospechosos por su peso, informando de ello a los ediles populares. Nomdedéu, según recuerdan desde el PP, tuvo que firmar por escrito que en esos sobres solo estaba el Boletín de Información Municipal de Compromís, de ahí que a él se le acuse, no solo de malversación, sino de falsedad documental, si se prueba que contiene propaganda electoral.
La historia de los sobres
Tanto Nomdedéu como Brancal siempre han negado los hechos, pero también se han opuesto a que el juez, que tiene en su poder varios sobres, los abra para ver su contenido. De momento, han conseguido que la Audiencia Provincial de Castelló estudie su recurso para declarar nula la prueba, alegando que nadie sabe qué ha podido pasar en estos 4 años en los que el PP los ha ocultado, apuntando a posibles manipulaciones en su contenido.
Además, en el caso de que se permita abrir al juez esos sobres y se localice la temida propaganda electoral -lo que apuntaría a malversación de fondos públicos del ayuntamiento- no queda claro quién podría haberlo hecho: los dos ediles, el asesor del grupo en aquella época -Miquel Torres, actual jefe de gabinete de la vicepresidenta de la Diputación de València- o una mano anónima.
A Nomdedéu, de momento, el código de Transparencia de la Generalitat no le obliga a renunciar por su condición de investigado, pero a Ali Brancal, según el contundente informe de la secretaria municipal, sí. El problema es que, si la vicealcaldesa renunciase, el foco y la presión se dirigirían al secretario autonómico,y el partido lo sabe.
Cambios en la ley
Compromís, en el ayuntamiento, juega con la interpretación de los términos. El Código de Buen Gobierno, aprobado en abril de 2015, habla de «imputados», pero la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente desde diciembre de 2015, lo cambió por »investigados». Compromís insiste en que no hay «encausamiento formal», por lo que no quieren hablar del cese de Ali Brancal, pero la secretaria lo ha dejado claro: imputado e investigado son parejos, por lo que la vicealcaldesa debería ser consecuente y renunciar a sus cargos -seguiría como edil- hasta la resolución de la investigación.
Brancal tiene cita ahora con una comisión extraordinaria previa a un pleno, previsiblemente el 29 de noviembre, que podría llevar a votación su cese. PP y Ciudadanos ya tienen claro su voto y Castelló en Moviment parece dispuesto a seguir confiando en la vicealcaldesa. La clave estará en la postura del PSPV, cuyas relaciones con Compromís no son excelsas. Su abstención, pensando en cumplir el código, sería suficiente para destituir a Ali Brancal. Todo puede pasar.
