El PP de la provincia de València ha denunciado la existencia favoritismo por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y de la Diputación de València hacia los ayuntamientos gobernados por Compromís y el PSPV a la hora de seleccionar aquellos municipios donde ubicar centros residenciales de día financiados con fondos públicos.

Los populares de la provincia de València están investigando la forma en la que se seleccionan los proyectos al entender que puede existir trato de favor hacia determinados municipios. La sospechas del PP tienen su origen en la sentencia emitida por un juzgado de lo contencioso de València que da la razón al PP de la Font de la Figuera en su decisión de llevar a los juzgados la adquisición directa de un terreno (propiedad del suegro del alcalde) para contruir un centro de dia. En la sentencia el juez anula la compra por existir varias causas de nulidad (el procedimiento fue irregular), pero además viene a cuestionar el papel de las administraciones intervinientes.

De un lado, el de la diputación que otorgó una subvención directa (sin que haya constancia de un proceso de concurrencia pública) y, de otro, la conselleria que medió para que este municipio lograra las ayudas. Un email de una asesora de Mónica Oltra, (usado como prueba por el ayuntamiento para justificar la urgencia de la compra) muestra cómo desde la conselleria se animó al alcalde para que presentara la documentación pertinente para optar a las ayudas. La alerta hizo que el procedimiento se hiciera de forma exprés. El juez no ve claro el proceso y ha remitido el expediente a otro juzgado por si pudiera existir algún tipo de responsabilidad penal.

Los populares están ahora rastreando las otras subvenciones directas desde la diputación a otros ayuntamientos para revisar los expedientes. Existen seis municipios beneficiados con fondos provinciales fruto de un convenio presentadol públicamente entre la conselleria y la diputación: Mislata (PSPV), Meliana (Compromís), Agullent (Compromís), Ademuz (PP) y Aras de los Olmos (PSPV) y la Font de la Figuera (Compromís). El PP mantiene que existe opacidad y quiere saber qué criterios se siguen para financiar un centro en un lugar y no en otro. El presidente de la gestora de la provincia, a la sazón alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, asegura que desde 2016 está solicitando esta infraestrutura para su municipio con la callada por respuesta. En su caso, afirma tiene el terreno y todos los trámites necesarios. La conselleria, por su parte, mantiene que se ha reunido con esta corporación y que la decisión de la subvención depende de las necesidades de la zona. En el caso de la Font de la Figuera, el juez incluso puso en cuestión que es centro fuera necesario.

También el grupo popular en la diputación ha anunciado que pedirá explicaciones a la corporación sobre cómo se han repartido el dinero y en qué criterios objetivos se ha basado para dar las subvenciones. Desde el grupo se insiste en que existe opacidad. Así, el alcalde de la Llosa de Ranes, Evarist Aznar, ha asegurado que al igual que Adsuara (ambos diputados provinciales) se enteraron del convenio con Igualdad una vez hecho público y con las ayudas repartidas. Aznar ha explicado que lleva meses tratando de lograr financiación para un centro residencial en su municipio. Asegura que desde la conselleria se le dijo que habría una convocatoria de ayudas por libre concurrencia. Aznar ha denunciado que la diputación actúe como "cajero" de la Generalitat y ha denunciado que la concesión está "en funcion grado del grado de proximidad de partidos políticos y no de necesidades objetivas". El diputado provincial ha explicado que lo correcto sería que la Generalitat hiciera un estudio sobre las necesidades del territorio para programar necesidades presentes y futuras.