La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha expresado su confianza este martes en poder presentar "en breve" a la mesa técnica "el dibujo" de cómo va realizarse el proceso de internalización de las resonancias magnéticas tras el informe de la Abogacía de la Generalitat que cuestiona la subrogación del personal de la UTE Erescanner que presta el servicio tal como ha avanzado hoy Levante-EMV. Barceló ha señalado que están trabajando para poder determinar cómo se hará el proceso y que la prórroga actual no se alargue, aunque ha insistido en que todavía no tiene decidida ninguna fórmula
Barceló, tras inaugurar la 35 Jornada Viure en Salut 'La transversalidad en la violencia de género', ha apuntado en declaraciones a Europa Press que este informe de la Abogacía que señala que "no es pacífica" la doctrina respecto a subrogar el personal, abre "un nuevo escenario" para diseñar cómo volverá el servicio a la gestión pública.
Al respecto, ha explicado que están estudiando el informe para "ver todo el escenario que se abre teniendo en cuenta todas las puntualizaciones" que hace la Abogacía para terminar con el proceso.
No afecta a la Ribera
Barceló ha explicado que desde que subrogó el personal de Alzira con la fórmula de personal a extinguir "se han producido varios hitos" que cambian la situación ya que entonces había "un vacío legal". Ese proceso, ha recalcado, está "blindado" por la distintas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y la Ley de Sanidad Pública.
Sin embargo, ha insistido que el caso de Eresa es "totalmente distinto" tras el informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que emitió en octubre, y por otro, una sentencia del Tribunal Constitucional y con el Informe de la Abogacía.
Los sindicatos, perplejos
Por su parte, la portavoz de Sanidad de CC OO PV, Rosa Atiénzar, considera que se ha generado "un conflicto innecesario" y ha recalcado que en el servicio de resonancias está "claro que hay una sucesión de empresas" porque "hay una transmisión patrimonial, en el mismo espacio y con las mismas máquinas".
En ese sentido, ha recordado que hay distintas sentencias que "obligan a la administración a la subrogación del personal, como la Ley de Contratos o la Ley de Responsabilidad Social de la Comunitat Valenciana", por lo que habrá que "buscar la fórmula de cómo hacerlo si hay un problema".
Por ello, espera que la Sanidad "dé pronto una solución que atienda de manera integral el problema" y que "mantenga la recuperación del servicio" pero "que termine con la inseguridad jurídica de los trabajadores de la concesionaria" y se respeten los derechos constitucionales del personal que quiere acceder a un empleo público y al respecto ha apuntado que "hay alternativas" como se ha hecho con la subrogación de los bomberos forestales.
En cualquier caso, ve "urgente" una regulación de ámbito estatal de los procesos de reversión en la Administración Pública y con qué figura jurídica deben desarrollarse.
Por su parte, desde la Federación de Sanidad de UGT, Mari Fe Navarro, se ha mostrado "perpleja" por el cambio de criterio de la Abogacía al cuestionar ahora que haya una sucesión de empresas.
Navarro, que ha criticado que aún no dispongan del informe, ha aclarado no obstante que en un principio no "pueden poner en duda la legalidad" del dictamen de la Abogacía de la Generalitat. No obstante, ha pedido a Sanidad que "se evite un perjuicio a la población" para que "no tenga que sufrir estos cambios en la atención del servicio".
Asimismo, ha exigido un plan de formación para que los empleados públicos pueden asumir la prestación del servicio, incluidos aquellos profesionales que están en paro en bolsa, y ha mostrado asimismo su preocupación por las expectativas que se han creado al mas de centenar de trabajadores de Eresa que iban a ser subrogados.
