El PP de la provincia de València ha denunciado la existencia de favoritismo por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y de la Diputación de València hacia los ayuntamientos gobernados por Compromís y el PSPV a la hora de seleccionar aquellos municipios donde ubicar centros de día financiados con fondos públicos de la diputación.

Los populares de la provincia de València están investigando la forma en la que se seleccionan los proyectos al entender que puede existir trato de favor hacia determinados municipios, una afirmación que desde la conselleria de Igualdad niegan ya que aseguran que el plan se presentó públicamente y pasó por la mesa de coordinación entre la Diputación y la conselleria. En concreto, sostienen que la secretaria autonómica de Servicios Sociales mantuvo reuniones con 110 ayuntamientos interesados.

Pese a que el convenio fue público, nunca se produjo una convocatoria con concurrencia competitiva. La conselleria insiste en que se tratan de fondos públicos que provienen del remanente de la diputación provincial, que se encuentra en el anexo de los presupuestos, por lo que consideran que se garantiza la posibilidad de acceso a todos los ayuntamientos.

Los beneficiados fueron seis: Mislata (PSPV), Meliana (Compromís), Agullent (Compromís), Ademuz (PP) y Aras de los Olmos (PSPV) y la Font de la Figuera (Compromís). El PP mantiene que existe opacidad y quiere saber qué criterios se siguen para financiar un centro en un lugar y no en otro. Las listas de espera, la ubicación del centro en el núcleo urbano, las buenas comunicaciones y la infradotación de ciertos municipios son el baremo que la conselleria utiliza para eligir uno u otro lugar, criterios «objetivos» según fuentes de la conselleria.

La sospechas del PP tienen su origen en la sentencia emitida por un juzgado de lo contencioso de València que da la razón al PP de la Font de la Figuera de llevar a los juzgados la adquisición directa de un terreno (propiedad del suegro del alcalde) para construir un centro de día. El juez anula la compra por existir varias causas de nulidad (el procedimiento fue irregular), y además cuestiona el papel de las administraciones intervinientes.

De un lado, el de la diputación que otorgó una subvención directa (sin que haya constancia de un proceso de concurrencia pública) y, de otro, la conselleria que medió para que este municipio lograra las ayudas. Un email de una asesora de Mónica Oltra, (usado como prueba por el ayuntamiento para justificar la urgencia de la compra) muestra cómo la conselleria animó al alcalde para que presentara la documentación pertinente para optar a las ayudas. La alerta hizo que el procedimiento se hiciera de forma exprés. El juez no ve claro el proceso y ha remitido el expediente a al juzgado de lo penal.

La conselleria justificó que en la elección de la Font de la Figuera se tuvo en cuenta que la comarca tiene una ratio de una plaza por 152 habitantes cuando debería ser de 2 plazas por cada 100 , en una comarca donde aseguran que solo hay un centro de día con 82 plazas, pese a que en la misma sentencia el juez cuestionó su idoneidad.

El grupo popular en la diputación anunció que pedirá explicaciones y se insiste en la opacidad. Así, el alcalde de la Llosa de Ranes, Evarist Aznar, aseguró que al igual que Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar y ambos diputados provinciales, se enteraron del convenio una vez hecho público y con las ayudas repartidas. Adsuara lleva pidiendo desde 2016 un centro de día y a Aznar se le dijo que habría una convocatoria de ayudas por libre concurrencia.