El anteproyecto de ley de la función pública valenciana ha pasado esta mañana otro trámite preceptivo (el de la negociación con los sindicatos) pero ya sin margen de tiempo para que esta norma, pensada para poner orden en el caos en que se ha convertido el empleo público de la Generalitat, entre en vigor esta legislatura. Además, la conselleria no ha logrado el respaldo buscado ya que la regulación del requisito lingüístico no contenta prácticamente a ningún sindicato. A Intersindical, por dejar escapar a los sanitarios y a UGT y CIF porque con matices diferentes consideran excesiva la exigencia del conocimiento del valenciano.

El texto lleva casi dos años encallado pese a que su principal dificultad (la cuestión lingüística) se había teóricamente desatascado políticamente en febrero de 2017 cuando la titular de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, y el de Educación, Vicent Marzà, cerraron un acuerdo, según el cual todo aquel que aspire a una plaza pública debe acreditar previamente un nivel de conocimiento del valenciano, a excepción del personal sanitario, que podría escapar de esta obligación. Sin embargo, el consenso que llegó alcanzarse en el ámbito sindical con anterioridad a citado pacto político no se ha mantenido.

El anteproyecto que hoy martes ha llegado a la Mesa General de Negociación de la Función Pública ha sufrido algunos retoques, aunque el de mayor calado es el nuevo redactado a la excepcionalidad para el personal sanitario. Bravo ha abierto aún más la puerta, de tal manera que se prima «la debida prestación de los servicios públicos» a la acreditación de la competencia lingüística «en el ámbito de la sanidad y la salud». Un cambio que Intersindical considera que rompe el acuerdo y es una línea roja para no apoyarlo. Bravo, durante su intervención, defendió la importancia de preservar el servicio púlbico y llegó a pedir calma para una negociación «sin presiones» del reglamento que debe especificar qué exigencia de conocimiento de la lengua se hará en cada puesto de trabajo.

El requisito linguístico ha centrado buena parte de la discusión en una reunión que se ha alargado durante varias horas. UGT, de hecho, también se ha desmarcado del texto de la conselleria, pero por razones diferentes a Intersindical. El sindicato comparte como filosofía la obligación del empleado público de conocer el valenicano pero considera una «barbaridad» que si no se llega a un acuerdo sobre el reglamento, al año de entrada en vigor de la ley, se aplique una exigencia ya determinada de antemano y para todos los casos. En concreto, la ley dice que para lo grupos A1, A2, B, se pedirá el certificado C1 (antiguo mitjà), paralos grupos C1, el certificado B2 y C2: certificado B1.

Así las cosas, el consenso logrado en su momento (cabe recordar que el primer acuerdo sobre el requisito lingüístico se alcanzó en el ámbito sindical) ha acabado roto en mil pedazos. Sólo Comisiones Obreras se ha mostrada más receptiva al texto presentado. CSIF ha defendido que el valenciano fuera mérito y no requisito. El texto ha cumplido el trámite, pero la falta de respaldo sindical es un varapalo para el Consell, máxime al tratarse de un ley que aborda cuestiones claves de personal. Luis Lozano, responsable de la FSP-UGT ha admitido que la cuestión lingüística es «insalvable» y motivo suficiente para no apoyar la ley a pesar de estar a favor del resto de su contenido.

Con todo, la ley no tiene posibilidades de entrar en vigor esta legislatura. Todavía está pendiente de varios informes internos claves, como el de la Abogacía de la Generalitat y el de Hacienda. En su momento, pasó el trámite de alegaciones de los diferentes departamentos. Una vez cuente con todos los informes, será cuando será enviado al Consell Jurídic Consultiu y al Consejo Económico y Social. Aunque todo depende de la prioridad que el Consell quiera dar a este texto, es muy difícil que antes dos meses, el anteproyecto esté en condiciones de pasar a las Corts.

Con una convocatoria de elecciones a la vuelta de la esquina y un tapón de leyes en el parlamento cuya prioridad está marcada en el parlamento, la ley de función pública no tiene opciones.

En medios sindicales se da por hecho desde hace tiempo que el Consell ha enlentecido a propósito la tramitación ya que, sobre todo el PSPV, no quiere dar armas al PP y Ciudadanos a cuenta del requisito lingüístico.