El servicio de resonancias volverá a manos públicas pero no está claro que los trabajadores de la privada que actualmente lo dan terminen también dependiendo de la administración pública tal como se había planteado. Es la decisión que se está planteando la Conselleria de Sanidad tras estudiar el informe emitido por la Abogacía de la Generalitat al borrador del decreto que debía regular el rescate de los trabajadores tras acabarse el contrato con la UTE Erescanner (que lidera Eresa) que lleva diez años ocupándose de las resonancias en 16 hospitales públicos de la C. valenciana y que está prorrogado hasta el mes de enero.
Sanidad había calcado el proceso seguido para el personal del hospital de Alzira tras la reversión del área de salud y este verano pactó un borrador con los sindicatos que marcaba que más de un centenar de trabajadores de la UTE serían absorbidos por la administración bajo la figura jurídica de personal laboral a extinguir tras la subrogación del servicio de resonancias.
Sin embargo y según se planteó ayer en un reunión entre responsables de la conselleria y sindicatos, ahora el Consell estaría no solo frenando el rescate del personal de las resonancias bajo esta figura jurídica sino también incluso dando marcha atrás ya que plantean renunciar a la subrogación como tal del servicio para, durante los próximos años, intentar ir internalizando «poco a poco» las resonancias. El futuro de los trabajadores lo dictaría, en todo caso, los tribunales si se establecía que había sucesión de empresas real.
Así se trasladó ayer a los sindicatos y todo en base a las conclusiones de un informe de la Abogacía de la Generalitat que, al parecer, plantea serias dudas no solo sobre el rescate de personal sino sobre la conveniencia de subrogar el servicio como tal.
El informe invocaría, según fuentes consultadas por este diario, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional anulando varias disposiciones adicionales incluidas en los Prespuestos Generales del Estado de 2018 y que legislaban sobre la reversión de servicios externalizados por parte de los ayuntamientos.
El CJC y las primeras dudas
La decisión de Sanidad a la vista del informe negativo de la Abogacía ha supuesto un jarro de agua fría sobre un proceso que, sin embargo, había empezado a embarrarse tras la vuelta del verano. El informe emitido por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre la Ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2019 empezó a socavar sus cimientos en octubre. En esta ley el Consell intentaba regular la incorporación del personal de los servicios externalizados a través de la figura que ya se había utilizado en la Ribera: personal laboral a extinguir. El CJC advertía de la «distorsión» que esto generaba y reclamaba que hubiera justificaciones «objetivas» para la reversión de servicios públicos ya que esta vía de subrogación de personal daba pie a la generación de pseudofuncionarios con el consiguiente agravio comparativo para los interinos.
Atendiendo a esta observación «esencial», desde el Consell ya se optó por cambiar de rumbo en la forma de asumir al personal del servicio de bomberos forestales que, finamente, serán subrogados pero a través de una mercantil.
Ahora, y según se expuso ayer, el panorama jurídico «había vuelto a cambiar» y la Abogacía ponía en entredicho, incluso, la subrogación empresarial, un cambio de posicionamiento que proyecta sombras sobre los procesos previos en Sanidad pero también sobre los que están todavía por venir en el área sanitaria.
