La Conselleria de Transparencia, que dirige Manuel Alcaraz, ha lanzado una campaña informativa para que afloren los casos de acoso sexual o por razón de sexo que ocurran en el ámbito de la Generalitat. Esta acción, que busca sensibilizar al personal, coincide en el tiempo con la polémica desatada en el ámbito de la Universitat de València, donde un grupo de alumnas han sacado a la luz un supuesto caso de acoso sexual de un profesor de Filosofía a estudiantes. Se trata de un caso que habría quedado oculto y con una mínima amonestación al profesor señalado. La Universitat ha abierto una investigación, pero alega que no puede activar el protocolo si no hay denuncia.
Los casos de acoso sexual en el trabajo, como ocurre con la violencia de género, no siempre acaban en denuncia ya que, en muchas ocasiones, la víctima siente vergüenza, teme a represalias o no confía en que las instituciones le den una respuesta adecuada. De ahí que la estadística oculta muchas veces la realidad. Un ejemplo es el ámbito de la Administración de la Generalitat, que tiene en nómina a cerca de 15.000 trabajadores y trabajadoras, pero donde no hay constancia oficial de denuncias por acoso sexual en los últimos dos años. Así consta en los informes de impacto de género de los presupuestos de 2018 y 2019 en los que la Inspección General de Servicios asegura no haber recibido ninguna denuncia relacionada con el acoso sexual o la discriminación por género.
La Generalitat cuenta desde finales de 2017 con un protocolo específico para la prevención y actuación ante casos de acoso laboral (incluido el acoso sexual) en la Administración, una hoja de ruta acordada entre la Dirección General de Función Pública y el Instituto Valenciana de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) para prevenir y afrontar este tipo de situaciones. El protocolo, sin embargo, nunca ha llegado a activarse para los casos de acoso sexual.
La ausencia de denuncias es un dato que ha sido abordado varias veces en el seno de la comisión de Igualdad de la Generalitat, según relata la responsable de UGT, Tina Espí. Hasta ahora la respuesta de la Administración ha sido que la prevención funciona y que en muchas ocasiones el conflicto se solventa previamente. Con todo, a todo el mundo (sindicatos y responsables públicos) le sorprende la inexistencia de casos denunciados. Coincidiendo con la celebración del día internacional contra la violencia de género el pasado domingo, la conselleria ha remitido carteles por todos los centros de trabajo en los que se informa del protocolo aprobado en 2017 y que tiene rango normativo desde enero, cuando el protocolo fue hecho público en el Diario Oficial de la Generalitat.
En cinco puntos, la conselleria explica qué es el acoso sexual, qué hacer cuando alguien se ve envuelto en esta situación, quienes pueden denunciar, cómo debe hacerse la denuncia y cómo es el proceso.
Así, y según el acuerdo aprobado se considera acoso sexual «cualquier comportamiento, verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efeto de atentar contra la dignidad, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio o degradante». Se recogen, a modo de ejemplo, el contacto físico deliberado no deseado, proposiciones o comentarios sexuales, etc.
La Conselleria de Transparencia resalta que se primará el anonimato de las personas denunciantes y se prevén medidas cautelares para separar a las personas involucradas. El protocolo crea una unidad de resolución de conflictos y da garantías de que la inspección de servicios (el órgano al que le compete comprobar la denuncia) dará respuesta en seis días.
