Deficiente, lleno de inequidades y caro. Así es actualmente el servicio ambulatorio que presta la Conselleria de Sanidad a las personas con daño cerebral adquirido, aquellas que tras sufrir, por ejemplo, un ictus necesitan pasar por terapias de neurorrehabilitación para recuperar movilidad o habla. De hecho, y según datos de la propia conselleria, hoy por hoy solo una de cada cuatro personas que necesitan de estos tratamientos para recuperar algo de su autonomía perdida accede a este tipo de terapias a través de la sanidad pública: unas 674 de las 2.752 personas que lo necesitaron durante el año pasado.
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La administración ha hecho examen de conciencia -a través de su Estrategia de atención al daño cerebral adquirido 2017-2020- y ha decidido poner remedio a esta situación. La forma más rápida y directa de hacerlo, sin embargo, es contratar con las clínicas privadas que ya están dando o pueden dar este servicio en un plazo de tiempo razonable ya que los recursos públicos son escasos, están saturados y sin una inversión considerable es «imposible» que afronten la demanda real. Para ello, la Conselleria de Sanidad acaba de sacar a licitación un contrato de cuatro años para prestar este servicio de neurorrehabilitación ambulatoria en centros privados en nueve de los 24 departamentos de salud de la C. Valenciana con un presupuesto estimado cercano a los 16 millones de euros.
Según justifica la propia conselleria en el contrato, hay 12.100 casos anuales de daño cerebral adquirido (DCA), el 80 % a causa de un ictus. Del total, un 35 % no lo superan. De los que sí se sobreponen entre un 35 y un 40 % necesitarán atención ambulatoria , unos 2.752 casos. La cifra contrasta con los 674 que la recibieron el año pasado de forma efectiva: 120 pacientes de forma directa en los pocos centros públicos que dan atención ambulatoria (en los hospitales Doctor Moliner, Militar y la Magdalena en Castelló) y otros 554 por derivación a clínicas privadas, además, de forma muy poco equitativa y con múltiples trabas por parte de la administración ya que la actividad no está concertada.
El hacerlo precisamente así, sin contrato ni acuerdo económico previo, le está saliendo además caro a la conselleria: «entre 4 y 7 millones dependiendo del periodo», cuando, de contratar el servicio estarían asumiendo un coste cercano a los 4 millones anuales y garantizarían la existencia de una red para asumir el 100 % de la demanda estimada, la mitad de los casos que la necesitan.
El contrato se divide en lotes ya que la conselleria busca que cada uno de los nueve departamentos seleccionados (Clínico, Arnau, La Fe, Requena, La Ribera, Gandia, Xàtiva, Alcoi y Marina Baixa) disponga de un recurso ambulatorio «a menos de 30 kilómetros» del correspondiente hospital de referencia. La idea es facilitar al máximo el acceso a la rehabilitación teniendo en cuenta los problemas de movilidad de estos pacientes y que las sesiones pautadas serían tres semanales.
Más recursos públicos en cartera
La intención es externalizar estos servicios pero hacerlo de forma «temporal» ya que en esa misma estrategia diseñada por la conselleria, se propone ir implementando más recursos públicos de atención ambulatoria como los nuevos centros proyectados en las áreas de Sagunto, Elx y Doctor Peset aunque, por ahora, solo están sobre el papel.
Este contrato para daño cerebral adquirido es la primera externalización de servicios de nuevo cuño de la administración sanitaria del Botànic. La exconsellera Carmen Montón apostó desde el principio de legislatura por reducir al mínimo la colaboración público-privada solo cuando fuera «necesario» de ahí que solo renovara el servicio de ambulancias y de hemodiálisis y apostara por internalizar tanto las áreas sanitarias bajo concesión administrativa (empezando por Alzira) como el servicio de resonancias.
