La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, aseguró ayer que el informe de la Abogacía de la Generalitat que cuestiona la subrogación de los trabajadores de la UTE Erescanner Salud -concesionaria del servicio de resonancias- no tiene «ninguna consecuencia» sobre las decisiones de hacer públicos otros servicios actualmente externalizados.

Oltra se ha pronunciado así al ser preguntada, tras el pleno del Consell, si el informe por el que la Conselleria de Sanidad ha decidido paralizar la subrogación del personal de las resonancias dificultará también las subrogaciones de personal previstas por la Generalitat como la del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS), la de las residencias de enfermos mentales o la del Hospital de Dénia.

Según Oltra, el informe se comenzó a redactar antes de una sentencia del Tribunal Constitucional, del 31 de octubre, que a su juicio lo deja «sin poca practicidad en el plano tangible» en el sentido de las limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público.

Según ha argumentado, un informe que se refiere a una materia que ha cambiado «no va a tener consecuencias ni en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas -de la que depende el IVASS, ni en el resto de áreas».

Preguntada sobre la opinión de la Conselleria de Sanidad, que considera que el informe de la Abogacía que cuestiona la subrogación abre «un nuevo escenario» para la internalización de las resonancias magnéticas, Oltra ha dicho que en cualquier caso, el informe comenzó a elaborarse antes de la sentencia. Por tanto, entiende que no tiene «ninguna consecuencia» sobre las decisiones que se han tomado de hacer públicos los servicios que desde el Consell entienden que «han de ser públicos».