«La Universitat de València (UV) no podía mirar hacia otro lado, por eso di la orden de que si las alumnas no presentaban la denuncia lo haría la propia universidad». Así, con esta contundencia ratificó ayer Mavi Mestre, la primera rectora de la UV en 519 años, su política de «tolerancia cero» ante el acoso sexual en las aulas. La Universitat, en una decisión sin precedentes, ha denunciado ante su Unidad de Igualdad al profesor de Educación Social al que un grupo de alumnas acusan de acoso sexual verbal.
Esta demanda ha activado el Protocolo anti Acoso Sexual de la UV por el que en un plazo máximo de 45 días una Asesoría Confidencial compuesta por cinco miembros de la institución académica con formación específica en materia de género y acoso, debe investigar y dictaminar si el lenguaje machista que dicen las alumnas que el profesor empleó el pasado curso con ellas es «acoso sexual».
Las frases sexistas, con las que las estudiantes han empapelado la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación para evidenciar el acoso sexual verbal que aseguran haber padecido, son: «¡Buff, cómo me ponen esos grititos!», al gritar una estudiante al pillarse el pelo con la pala de la silla; «Si ya te dije yo que ayer ibas muy fresca», tras estornudar una de ellas; Una alumna dice «¿En esta pregunta me enrollo?», el docente responde: «No hace falta, pero si quieres enrollarte conmigo es otro tema»; y «ya me di cuenta anoche», tras decir una joven que es muy nerviosa.
Expediente disciplinario
El protocolo define el acoso sexual como «cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona». Si la Asesoría Confidencial considera que el comportamiento del docente es acoso sexual, según dicta el protocolo, debe proponer al rectorado «la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave de acoso».
El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) determina que las faltas muy graves pueden ser sancionadas con la suspensión de empleo y sueldo. La potestad sancionadora recae en la rectora, que es quien debe determinar la duración de la sanción.
El rectorado llevaba tres días, desde que las alumnas se encerraron en su facultad y pegaron los carteles, instándoles a denunciar al profesor, algo que éstas rechazan hacer por miedo a represalias desde que el curso pasado presentaron en el buzón de sugerencias de su facultad una queja contra el docente por su lenguaje machista.
Finalmente, tras una reunión de una hora en la mañana de ayer con las alumnas, la vicerrectora de Igualdad, Elena Martínez, por orden de Mestre presentó en el registro general de la Universitat una denuncia contra el profesor ante la Unidad de Igualdad con la autorización de las alumnas, quienes han ratificado los hechos que constan en el escrito.
«Tolerancia cero»
La propia rectora fue quien, en el marco de unas jornadas sobre prevención de violencia de genero que inauguró ayer en la Universitat, anunció la interposición de la denuncia que permite iniciar la investigación del caso. Mestre mostró su «rechazo e indignación» ante los hechos manifestados por las alumnas e insistió en su postura de «tolerancia cero ante el comportamiento sexista de cualquier tipo como en este caso manifestaciones verbales ofensivas agravadas desde la superioridad de la docencia y con evidente desigualdad de poder». «El estudiantado es el colectivo más vulnerable ante cualquier abuso de poder y siempre vamos a estar a su lado», subrayó.
«La información verbal la teníamos y la UV no podía mirar hacia otro lado, por eso di la orden de que si las alumnas no presentaban la denuncia lo hiciera la Universitat», aclaró Mestre. Las alumnas eran reticentes a denunciar, y al final han aceptado la fórmula propuesta por la rectora después de que ésta les haya ofrecido su «apoyo total». «Las estudiantes nos han autorizado a presentar la demanda en vez de hacerlo ellas, es la decisión que han tomado y la debemos respetar».
Esta situación está contemplada en el protocolo anti acoso. Eso sí, las alumnas deberán declarar ante la Asesoría Confidencial. Lo harán con su identidad protegida bajo un código numérico. Además, el protocolo de la Universitat garantiza su «inmunidad» ante posibles represalias del demandado.
