La Policía Nacional ha detenido a 37 personas en varias provincias españolas, entre ellas Valencia, y ha desarticulado una red dedicada a introducir ciudadanos vietnamitas en España para explotarlos después en centros de manicura de todo el país. La organización tenía su infraestructura principal en Barcelona y habría logrado introducir en nuestro país a al menos 730 ciudadanos de Vietnam (a razón de 18.000 euros por persona), con los que ha logrado unos beneficios superiores a los 13 millones de euros.
El método utilizado por la organización para lograr su objetivo era el uso fraudulento de los procedimientos de Protección Internacional y de Menores Extranjeros no Acompañados (Menas), que iniciaban en puestos fronterizos aéreos como el aeropuerto de Madrid- Barajas y el Prat de Barcelona.
Las investigaciones comenzaron tras el aumento de solicitantes de Protección Internacional y de Menores Extranjeros no Acompañados en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Los ciudadanos vietnamitas se acogían a estas figuras pero luego no continuaban con el expediente administrativo, ya que lo que buscaban era facilitar su acceso a territorio Schengen. De hecho, para conseguirlo, los inmigrantes viajaban desde su país de origen hacia diferentes países de Sudamérica, desde donde volaban de regreso para realizar un tránsito ficticio en España y, una vez en el aeropuerto, solicitaban Protección Internacional o alegaban ser menores no acompañados.
Cuando obtenían el acceso al territorio nacional, rechazaban la asistencia o se fugaban de los centros de menores en los que eran ingresados para luego trasladarse en transporte público, normalmente en taxi, hasta Barcelona, donde la organización tenía su infraestructura principal.
La red formaba grupos de 6 a 12 personas; cada uno contaba con un líder o guía que realizaba todo el trayecto con ellos y que hablaba inglés, para así posibilitar una mínima comunicación en los países de tránsito y aeropuertos. Respecto a sus pasaportes, éstos eran destruidos durante el vuelo a España para que los inmigrantes no fueran identificados plenamente y facilitar así la utilización fraudulenta de los procedimientos mencionados.
Diferentes métodos de pago: efectivo, tierras o trabajo sin remunerar
La organización cobraba a los inmigrantes 18.000 euros por persona y perseguía un fin eminentemente lucrativo. Poseían diferentes métodos de pago, desde un pago en origen en efectivo para evitar el rastreo del dinero, o bien la generación de deudas a abonar mediante trabajo sin remunerar en Europa, o incluso la cesión de tierras y propiedades en su país de origen. Desde enero de 2018, la red habría alcanzado una cifra de negocio superior a los 13 millones de euros.
La red poseía una infraestructura en Vietnam para la captación, la organización del viaje, la gestión de pagos y beneficios, pero también en diferentes países sudamericanos, para la recepción y acogimiento durante varios días a fin de simular una estancia por turismo ym en España, lugar de recepción, explotación y derivación a diferentes provincias y otros países europeos como Francia y Alemania.
El operativo policial ha sido desarrollado de manera conjunta en varias provincias españolas como Sevilla, Granada, Murcia, Almería, Cádiz, Málaga, Madrid, Valencia, San Sebastián, Gerona, Lérida, Tarragona, León, Huelva, Córdoba y Barcelona. Han sido detenidas 37 personas, entre ellos los máximos responsables de la organización criminal en Europa. También se han llevado diez registros en Barcelona, así como más de 100 inspecciones en centros de manicura regentados por ciudadanos vietnamitas en toda España. En ellos se ha intervenido 60.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, dispositivos de almacenamiento masivo de información y diversa documentación.
Entre los arrestados destaca la detención de un funcionario de la Oficina Única de Extranjeros de Huelva, quien aportaba los documentos necesarios para justificar los requisitos exigidos por la legislación para la consecución fraudulenta de una autorización de residencia y trabajo por arraigo social. Dicho funcionario estaba en connivencia con un empresario vietnamita, también detenido, que a su vez tenía contacto con otros empresarios y personas procedentes de Vietnam para atraer hasta la oficina donde él se encontraba a sus trabajadores en situación irregular, a fin de obtener el permiso administrativo.
Los investigadores han destacado el trato humillante a las víctimas por las condiciones de su alojamiento en las viviendas de la organización. Los mantenían encerrados en pisos, a veces en zulos a los que se accedía a través de una trampilla, también es reseñable las condiciones laborales padecidas, siendo trasladados diariamente desde los centros de trabajo hasta los domicilios, con jornadas laborales de 12 horas y sin libertad de movimiento.
