Estado de amenaza de las autonomías. Así podría definirse el contexto que envuelve este 6 de diciembre, el de los 40 años de la Constitución española, cinco días después de la irrupción poderosa de la extrema derecha en un parlamento español (el de Andalucía).
Asentado el conflicto catalán en la vida ordinaria de la política española, su réplica ha sido el mensaje contra la descentralización, que ha ido calando estructuras y estamentos sociales como una lluvia fina. Este discurso está en el cuerpo programático central de Vox y ha contagiado también a las fuerzas centrales de la derecha: el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, ha repetido que las competencias educativas deberían estar controladas desde el Estado. Este es el paisaje de uno de los días de la Constitución más tensos. Frente a él, la posición del ejecutivo de Ximo Puig y Mónica Oltra es la de rearme ante la amenaza recentralizadora.
El Consell del Botànic llega a esta jornada conmemorativa, que celebrará en Alicante, como es norma desde 2015, con una idea clara: ensalzar los logros del Estado de las autonomías ahora que está cuestionado. Que al menos sirva de idea de contrapeso.
El objetivo es subrayar el «éxito» de un modelo surgido de la Constitución de 1978, ya que sobre él se ha construido el Estado social: los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y atención social) están gestionados por las autonomías. Son las que han propiciado su desarrollo en este tiempo y este es la base del Estado del bienestar.
El planteamiento del Gobierno valenciano ante el día de hoy tiene bastante de repliegue en medio de un contexto adverso. Puig ha repetido en diversos actos públicos el agotamiento del Estado de las autonomías. El argumento nuclear son las carencias de un sistema que ha transferido competencias básicas a las autonomías pero no los recursos necesarios para sostenerlas.
Sobre ese estado de las cosas, el jefe del Consell ha articulado en sus más de tres años de gobierno un discurso sobre la existencia de un problema territorial en España que va más allá de la cuestión independentista catalana.
La Generalitat fue así el primer gobierno autonómico que en febrero pasado aprobó una propuesta de reforma de la Constitución. Incluso reclamó la voz de las autonomías si se abre un proceso de modificación de la gran ley.
La propuesta valenciana tiene una vocación federal, en el sentido de que profundiza en la descentralización.
Todo este aparataje intelectual estaba fresco hasta hace unos días. Hoy, sin embargo, se ve «mucho más difícil» llevarlo adelante, admiten fuentes de Presidencia de la Generalitat. «No se dan las condiciones», agregan, ante el bloqueo existente.
Es necesaria una labor de pedagogía para una transformación federal y el contexto actual es poco propicio para la expansión de estas ideas, argumentan.
La tesis es que no procede favorecer la polarización en el contexto actual. No es la forma eficaz e inteligente de combatir el nuevo centralismo.
No hay que olvidar que las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina. El efecto rebote de medidas observadas como radicales en el panorama de hoy podría favorecer las expectativas de la derecha, que ante de las elecciones andaluzas estaban por los suelos y ahora, ya no.
Este es el fondo de pantalla del cumpleaños de una ley histórica que parece imposible tocar.
