«Ameu saviesa e bon saber, que no us sia car diner per a conseguir bons Mestres ne bons llibres» (Amad la sabiduría y el buen saber, que no os parezca caro el dinero para conseguir buenos maestros y buenos libros), porque ambas cosas «no han preu», no tienen precio, ya que en ellas está encerrado «tot el tresor e noblessa daquest mon» (todo el tesoro y nobleza de este mundo).
Esta frase del erudito Francesc Eximenis, asesor de los Jurats de València en el siglo XIV, es la piedra angular sobre la que se levantó la Universitat de València (UV) el 30 de octubre de 1499. Más de medio milenio después sigue más vivo que nunca para la UV el consejo del teólogo franciscano al que el Cap i Casal encargó en 1399 los primeros estatutos de la enseñanza pública de la ciudad, pues acaba de lanzar un concurso público de 12,4 millones de euros para cubrir durante cuatro años la suscripción a revistas científicas.
Con esta inversión, la mayor universidad pública de la Comunitat Valenciana aspira a «atender las exigencias» de conocimiento de sus 47.000 estudiantes y más de 4.300 profesores e investigadores.
En total se trata de casi 50.000 títulos, de los que más de 45.000 ya son exclusivamente en formato electrónico, así como 117 bases de datos científicas. «Son revistas científicas de mucho impacto, como Nature, Science o el New England Journal of Medicine por poner algunos ejemplos de las más conocidas, que nos reclaman desde nuestras 17 facultades, nuestra Escuela Técnica Superior y centros de investigación», explica la directora del Servei de Biblioteques i Documentació de la UV, Victoria García Esteve.
Red de 10 bibliotecas
Este servicio, integrado por una red de 10 bibliotecas repartidas por los cuatro campus que la Universitat tiene en València, Burjassot y Ontinyent, centraliza todas las compras de libros y publicaciones periódicas desde hace 22 cursos.
Por tanto, hace años que desaparecieron las bibliotecas de facultades y también de departamento. Este modelo de gestión centralizado permite que tanto los profesores e investigadores como el alumnado de la UV puedan, desde cualquier ordenador conectado a internet, acceder y descargar artículos de las 45.000 revistas científicas electrónicas a las que está suscrita esta institución académica. De hecho, las diez bibliotecas de la UV disponen de 972 ordenadores, tanto portátiles como fijos, para uso público de su comunidad universitaria.
Con la centralización de las suscripciones a las revistas electrónicas, según García Esteve, además de ahorrar costes «se evita que haya duplicaciones, pues antes varios departamentos podían comprar el mismo título, y ahora una única suscripción electrónica es accesible a todos».
Por esta razón, la Universitat, insiste la directora del Servei de Biblioteques, «apuesta por la edición digital, de hecho las más de 4.000 revistas científicas en papel a las que estamos suscritos, que pertenecen a los ámbitos de Humanidades y Derecho, no tienen versión electrónica».
Tres millones de descargas
García Esteve destaca que el Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universitat y su estudiantado realizó durante 2017 «unos tres millones de descargas de artículos de revistas científicas». Con esto, prosigue, «el precio medio por artículo descargado sale a 1,52 euros, en una horquilla que va desde 0,48 euros por descarga en el caso de la publicación más económica a 5,5 euros el de la revista más cara». Esto es lo que le cuesta a la UV, pues el servicio se presta de forma gratuita.
La licitación es para un año, pero están contempladas tres prórrogas anuales del contrato. El plazo de ejecución es del uno de enero al 31 de diciembre de 2019 por lo que si se cumplen las tres ampliaciones previstas, el adjudicatario prestará el servicio hasta 2022. En 2019 el precio de salida de los dos lotes del concurso es de 2,3 millones IVA incluido.
Las tres prórrogas anuales ascienden a 10,1 millones, también con impuestos. Estas ampliaciones son a un mayor coste, una media de algo más de 3,3 millones anuales, porque incluyen actualizaciones de los precios de las publicaciones (máximo un 7 por ciento anual) así como el importe de las modificaciones de contrato previstas, que no pueden ser superiores al 20 %.
