No habrá segundo informe sobre la legalidad de revertir el servicio de resonancias que actualmente -y ya fuera de contrato- está dando la UTE Erescanner en 16 hospitales valencianos y la empresa Eresa en el consorcio del Hospital General. La Conselleria de Sanidad rechazó ayer solicitar una segunda valoración a la Abogacía de la Generalitat sobre el proceso a seguir y defendió el primer informe emitido pese a las críticas lanzadas ayer de «falta de rigurosidad» por parte del sindicato Comisiones Obreras.
El informe, en la práctica, ha paralizado la integración del servicio y del personal de las empresas en la administración pública tal como estaba planteado desde principio de la legislatura y ha dejado en el aire el futuro de cerca de 150 trabajadores privados de Eresa e Inscanner que iban a ser subrogados y para los que ya había, incluso, un decreto de subrogación redactado.
El plan trazado por Sanidad pasaba por esperar a la finalización de los contratos para revertir el servicio y subrogar tanto maquinaria como personal y con este objetivo se llevaba trabajando en los últimos meses. Sin embargo, la Abogacía emitió un informe en el que no solo se ponían peros a la utilización de la figura de personal laboral a extinguir para acoger al personal -siguiendo la línea de lo ya dicho por el Consell Jurídic Consultiu- sino que se ponía en duda, directamente, que hubiera sucesión de empresas si no lo dictaminaba un juez.
Sanidad defendió ayer el informe y que no había intención de solicitar un segundo pese a las duras críticas lanzadas desde el sindicato Comisiones Obreras, que habla de falta de rigurosidad y enmienda la plana a las conclusiones de la Abogacía de la Generalitat. Según el sindicato, las dudas de la Abogacía sobre la sucesión de empresas se sustentaban en dos disposiciones adicionales de la Ley de Presupuestos Generales de 2017 que, sin embargo, el Tribunal Constitucional ya habría declarado nulas en una sentencia del 31 de octubre.
«Sorprende que la Abogacía de la Generalitat, a pesar de ser conocedora de la existencia de la sentencia del TC omita su contenido en sus conclusiones y recomiende a la administración el incumplimiento de la normativa laboral, la ley de contratos del sector público, la doctrina judicial y las directivas europeas en lo que se refiere a la obligación de subrogación del personal por sucesión de empresas», denunciaron ayer desde la Federació de Sanitat de CC OO.
Conselleria se escuda en que el informe sí recoge en su anexo la sentencia, aunque es «solo para asegurar que existe. Vemos necesario que se replantee el informe y se ajuste a la sentencia del TC», según puntualizó ayer la secretaria de CC OO, Rosa Atiénzar.
Reunión con Lorena Saus
En medio de la polémica sobre el ajuste legal del informe de la Abogacía y el cambio de rumbo al que obliga a la administración, el subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Juan Ángel Poyatos, recibirá la próxima semana tanto a Lorena Saus, CEO del grupo Ascires en el que está integrada Eresa, la principal empresa de la UTE Erescanner como a los responsables del comité de empresa de Eresa y de Inscanner.
Desde Eresa, aseguraron ayer al respecto de la reunión con la administración que «cuanto más se analice un tema tan relevante como éste, mejor». Desde la UTE «vamos a trabajar para facilitar se encuentre la mejor solución pensando en el paciente, la plantilla y la sociedad en general. Con convicción de que, entre todo, se va a resolver la situación», añadieron.
