Larga vida a móviles, cargadores, conectores eléctricos, baterías, pilas recargables o aparatos electrónicos. La ley para la prevención de residuos y fomento de la economía circular, admitida a trámite en las Corts a instancias de Podemos, desarrolla en su capítulo II el fin de la obsolescencia programada.
En su artículo 21 establece que se «prohibirá la fabricación de cualquier tipo de producto con objetivos de obsolescencia programada, técnicos, de diseño, durabilidad y software en todo el ámbito de la Comunitat Valenciana».
Se trata de una normativa «pionera», según la diputada Beatriu Gascó (Podemos), pues «ningún texto legal en España recoge una prohibición como esa». Si se cumplen los plazos previstos, el próximo mes de febrero debería entrar en el pleno del parlamento para su debate.
Además, la proposición de ley recoge que la Generalitat Valenciana «establecerá las medidas para potenciar la unificación de criterios en las universalizaciones de conectores eléctricos, cargadores de móviles, baterías y pilas recargables, así como la fabricación de aparatos electrónicos desmontables y con baterías independientes, que faciliten la reparación y la reposición de componentes». Todo ello en consonancia con el nuevo paquete legislativo sobre economía circular aprobado por el Europarlamento este mismo año.
El artículo 22 va más allá, y señala que la Administración autonómica «incentivará en el ámbito de la C. Valenciana la creación de un tejido comercial de venta de productos de segunda mano, reutilizados o reparados, y la creación de empresas de reparación y reutilización de productos, para la puesta en marcha de la economía circular».
Esta normativa, en fase de tramitación ahora en el parlamento valenciano, va en la línea de la UE, que persigue prolongar la longevidad de los bienes de consumo y software. Como ejemplo, se calcula que en España los teléfonos tienen una vida media útil de 20,5 meses, según la consultora Kantar. Solo China (20,2) y Alemania (20,3), superan esa cifra, de la que EE UU (22,7) y Reino Unido (23,4) se alejan un poco más.
En el capítulo IV que hace referencia a la compra pública sostenible, la Generalitat aprobará un plan de contratación que apueste por la innovación, y de un impulso a la economía circular.
El texto recoge que las Administraciones priorizarán la adquisición de material eléctrico y electrodomésticos que cumplan con criterios de fabricación y software. «Así mismo, priorizarán la adquisición de marcas y productos que apuesten por la unificación de cableado, conectores eléctricos, cargadores y demás insumos electrónicos que faciliten la reutilización de complementos», especifica el artículo 15 en su apartado h.
La ley priorizará «la adquisición de aparatos que faciliten la reparación mediante sistemas de piezas desmontables y reparables». El objetivo es acabar con las toneladas de residuos de cadmio, plomo o bromo, que acaban en macrovertederos, la gran mayoría en países en vías de desarrollo.
