Un cambio legal acordado in extremisen el pleno de las Corts Valencianes ha evitado un conflicto jurídico que llevaba camino de dejar fuera de las oposiciones de la Generalitatque supuso la extinción de los antiguos planes de estudios universitarios.
El asunto es complejo y arrastra desde hace años ya que la ley de función pública valenciana, aprobada por el Consell popular en 2010, antes del Plan de Bolonia, regulaba, a diferencia de la norma anterior, una Administración basada en cuerpos y escalas.
La ley, todavía en vigor, contiene un anexo en el que se regulan los requisitos para acceder a los puestos de la Administración especial. Este anexo está regido por el antiguo plan de estudios, de tal manera que deja fuera muchas de las titulaciones que han surgido en los últimos años.
El retraso en la actualización del texto legal (muy restrictivo respecto a los requisitos de titulación) se ha evidenciado cuando, por primera vez en años, el Consell última potentes ofertas de empleo público, en virtud de las cuales se ofertan más de 2.500 plazas, que incluyen promoción interna, turno libre y estabilidad.
El grueso de los puestos son de Administración especial (biólogos, ingenierías), un sector de los empleados públicos, con labores específicas, con años sin convocatorias.
Cabe apuntar que todos los procesos selectivos están regulados por la ley de función pública aún en vigor, por lo que sindicatos como la FSP-UGT llevaban meses alertando de los problemas jurídicos derivados de una convocatoria basada en una ley desfasada.
Según el citado sindicato, la casuística es muy variada, pero podría darse el caso de que un antiguo licenciado en informática, con años de trabajo temporal en la Generalitat, tuviera problemas a la hora de presentarse a una oposición en la que le pidieran el requisito de grado o una especialidad muy concreta que no existía cuando empezó a trabajar en la Generalitat. El problema, según UGT, afecta de lleno al personal interino del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo o en colectivos como los informáticos.
Aunque en principio, el sistema educativo ha ido asimilando las licenciaturas con los grados, la concreción práctica en el acceso a la función pública no está solucionada. Las limitaciones llegan al absurdo de que, con la ley en la mano, un licenciado no puede aspirar a una plaza inferior, si no tiene la titulación específica.
La cuestión es que, ante el posible embrollo jurídico, y casi ya en tiempo de descuento, el tripartito ha aceptado la recomendación del sindicato y ha aprobado una enmienda para incorporar una cláusula a la ley de acompañamiento que salve el problema de las titulaciones.
La disposición transitoria incorporada permite a aquel personal que carezca de la titulación específica recogida en la ley de función pública presentarse si tienen una titulación del nivel exigido para el puesto de trabajo. La cláusula hace una alusión específica a las convocatorias previstas en la oferta para los ejercicios de 2017 a 2019. Es decir se hace alusión al nivel y no a la titulación.
Cabe apuntar que estas limitaciones también afectaba a la oferta referida a 2017, pendiente de ejecutar.
