Francia es el único país del entorno europeo que prohíbe de manera expresa el uso de técnicas que reduzcan deliberadamente la vida útil de un aparato para aumentar la tasa de reemplazo. Además, las castiga con dos años de prisión y multa de 300.000 euros, que pueden incrementarse hasta el 5% de facturación media anual calculada sobre el volumen de negocios de los tres últimos ejercicios. Aunque el Parlamento Europeo aprobó la resolución de 4 de abril de 2017 sobre «una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas», lo cierto es que marzo de este mismo año la Comisión Europea en una pregunta escrita sobre el desarrollo de la anterior Resolución y la posibilidad de considerar delictiva la obsolescencia programada a nivel comunitario, admitía: «Actualmente no hay planes para definir un ciclo de vida del producto en toda la UE (...), No existe legislación de la UE que declare en general que la obsolescencia programada sea un delito».
El objetivo es que los productos «sean reparables». Que no acaben en un vertedero de forma prematura. Otra de las apuestas es la de dar incentivos fiscales para favorecer la fabricación de productos duraderos, de alta calidad y que sean reparables, así como a la reparación y a la venta de segunda mano, para «impulsar la creación de empleo y reducir el desperdicio». El pleno de la Eurocámara subraya que los componentes esenciales del producto, como las pilas o los LED, no deben ser «inamovibles», a no ser que no esté justificado por razones de seguridad. Las piezas de recambio indispensables de los bienes deben estar disponibles a un precio adecuado a la naturaleza y duración de la vida del producto. La Ley de Transición energética y cambio climático en la que trabaja el ministerio de Teresa Ribera va en esa línea.
