La Conselleria de Educación, a tres semanas de que acabe el año, ha avanzado a las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana la totalidad de los 55,6 millones de euros del pago de la deuda histórica reciente correspondientes a la anualidad de 2019. El pasado miércoles 31 de octubre transfirió a las universidades 37 millones de euros y hoy les ha abonado los 18,6 millones restantes que faltaban para completar las cantidades pactadas para el próximo año.

Este plan de pagos lo "heredó" el Botànic de la anterior Generalitat del PP. El 31 de diciembre de 2014, a cinco meses de las elecciones autonómicas de 2015, el Consell de Alberto Fabra selló un pacto con las cinco universidades públicas valencianas mediante el que la Generalitat asumía 284,4 millones de la deuda de más de 891 millones que mantenía con el sistema universitario público de la C. Valenciana desde 2008. Era la llamada deuda histórica "reciente", la acumulada durante siete años de crisis económica y que equivalía a una anualidad completa de la subvención ordinaria que reciben las universidades de la Generalitat.

Es decir, como si durante todo un año el Consell no hubiera aportado nada a las universidades públicas. Esto obligó a las universidades, especialmente las más grandes como la Universitat de València, a suscribir pólizas de crédito con las entidades bancarias para poder pagar las nóminas a su plantilla, pues la práctica totalidad de la subvención ordinaria de la Generalitat a las universidades la consume el capítulo de personal

El acuerdo incluía también la compensación de 23,6 millones de deuda con los campus de excelencia, así como otros 18 millones de la repercusión de la reducción del aplazamiento de la deuda. En total, en 2015 la Generalitat debía asumir o liquidar más de 326 millones de la deuda histórica, el 42 % del total. El resto lo reprograma en inversiones «prioritarias» de 48,2 millones y en un calendario de pagos con cada universidad con el fin de abonar en 8 años (2015-22) los 394,6 millones pendientes.

Ya se han tranferido el 68 % de los impagos entre 2008 y 2015

Cuando el 1 de julio de 2015 el tándem Compromís-PSPV asumió la Conselleria de Educación eran 768,86 millones de euros los que debía la Generalitat a las cinco universidades de la deuda histórica reciente. De esa cantidad, el Consell del Botànic, según aseguran fuentes del departamento del conseller Vicent Marzà, "ya ha asumido 524,6 millones", el 68,2 % del total. Por tanto, la cantidad pendiente de pago es de 244,26 millones a abonar en tres anualidades (2020, 2021 y 2022), pues las cuotas correspondientes a 2019 se han acabado de transferir hoy.

"El Gobierno de Botànic cumple con herencias de deudas del antiguo ejecutivo por responsabilidad de dar solución a las universidades, cosa que antes no se hacía, y a pesar de la infrafinanciación autonómica a la cual estamos sometidos", subraya el conseller Marzà. Desde 2015, el Consell del Botànic ha asumido el plan de pago de deudas pactado con las universidades, así como de los préstamos que tenían establecidos con el Banco Europeo de Inversiónes (BEI) y todos los intereses que generan.

Además, de este adelanto de la anualidad de 2019, los presupuestos del Consell para próximo año incorporan por primera vez el abono del gasto del Coste de la Normativa Estatal y Autonómica (CNEA), que antes abonaba el Estado y que el Consell no pagaba desde 2010. Son 12 millones de euros más que la Generalitat inyectará a las universidades y que servirán para liberarles de ese pago que han asumido estos años. El abono de estos gastos se aumentará de forma progresiva, 24 millones en 2020 y 36 millones en 2021. Estos 36 millones son los que anualmente les cuesta ya ahora a las universidades el hacer frente al CNEA

En el CNEA se incluye, además de las mejoras en las nóminas de la plantilla (complementos, sexenios...), las ventajas sociales aprobadas por las leyes contra la violencia machista que incorporan la matrícula universitaria gratuita para las víctimas o sus hijos, así como el caso de las normativas para facilitar la inclusión, que liberan del pago de la matrícula a las personas con un porcentaje de discapacidad del 33% o más, o la bonificación de para los hijos de familia numerosa, que es del 50 % para en la categoría general y del 100 % en la especial.