«El mirar hacia otro lado debe dejar de ser deporte nacional o una costumbre», aseguró ayer la denunciante del Caso Acuamed, Gracia Ballesteros, la ingeniera de caminos que permitió destapar una trama corrupta en la empresa pública estatal, Aguas de las cuencas mediterráneas SA.

Un caso de corrupción que sigue en instrucción y que acabó con trece directivos de la mercantil estatal imputados. Un caso que también ha tenido un alto coste emocional, laboral y económico para Ballesteros, que incluso acabó despedida de la empresa por denunciar los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción.

La ingeniera Gracia Ballesteros ofreció ayer una conferencia sobre la protección a los denunciantes, organizada por la Agencia valenciana antifraude en la Fundación Adeit de la Universitat, con motivo del «Día internacional contra la corrupción», que se celebra cada 9 de diciembre.

Ballesteros desgranó el «acoso, amenazas e incluso un despido» que ha tenido que afrontar por «negarme a hacer determinadas prácticas ilegales». No ha sido un trayecto fácil. «Mis propios compañeros me decían: "Esto es lo normal; si no lo haces tú lo hará otro; no te metas en líos"».

Consejos que no siguió pero que le han supuesto cinco años de calvario «con un elevado coste económico, social, familiar y reputacional» hasta conseguir que el Supremo declarara nulo su despido y haya tenido que ser readmitida «en una empresa en la que no quieren que esté».

Para evitar este tipo de situaciones, Gracia Ballesteros abogó por impulsar medidas contempladas en el borrador de directiva de protección de los alertadores y que la Agencia Antifraude ya aplica de forma pionera en España, como «las denuncias anónimas, la protección a los denunciantes frente a represalias» además de «apoyo legal, financiero y psicológico» contemplado en la propuesta de legislación europea, en las que la normativa estatal aún está en pañales.

Tras el testimonio de Ballesteros, el presidente de la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), Luis Manglano, habló sobre «Justicia e insolidaridad tributaria» en un momento en el que «la justicia no está en su mejor momento» tras la sentencia de La Manada, los vaivenes del Supremo sobre los impuestos de las hipotecas o la elección política de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, defendió, «deben ser elegidos por los jueces, no por los partidos».

Manglano criticó que «el fraude fiscal es el fracaso de una sociedad, porque crea competencia desleal y deteriora la confianza en el sistema». Y lamentó situaciones como la de los futbolistas defraudadores «para los que no hay reproche social por ser insolidarios» o que «treinta y cuatro de las treinta y cinco empresas del IBEX 35 tengan presencia en paraísos fiscales».

También cuestionó que la Agencia Tributaria «persiga y sea más dura con los pequeños contribuyentes que con las grandes empresas» o con «la Iglesia católica que es otro ejemplo de paraíso fiscal que no tributa».

También lamentó la «amnistía fiscal aprobada en 2012, que es inadmisible» y abogó por aumentar los recursos de la Agencia Tributaria y crear una Agencia Antifraude estatal para «perseguir a las grandes empresas, el fraude inmobiliario donde se residencia gran parte del dinero negro y las Sicav» además de «responsabilizar a los bufetes de abogados y economistas que orquestan la ingeniería fiscal» de los defraudadores.