Unas 560 denuncias de familiares de personas fusiladas en Paterna durante el franquismo, y cuyos restos están en fosas comunes del cementerio, han decidido sumarse a la querella argentina contra la dictadura y así «buscar» en «la justicia internacional» la «tutela» y el «amparo» que se «niega» en la española «reiteradamente».
Así lo indicaban ayer representantes de estas familias aprovechando la celebración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los fallecidos para los que piden «justicia» son víctimas de «delitos de lesa humanidad que no prescriben», recordaba Aradia Ruiz ayer, abogada contra la impunidad del franquismo y representante legal de Fosas Paterna en estas denuncias.
«Después de 80 años continuamos pidiendo justicia», indicaba Ángel González. Tras ello, ha hecho mención a los «2.238 fusilamientos» registrados en Paterna «en los primeros tres años de la posguerra» y el inicio del franquismo, como hace también referencia la pancarta que se ha mostrado en la rueda de prensa bajo el lema '2.238 víctimas de la represión franquista. Asociación de Familiares de Fusilados. Contra el olvido, el silencio y la impunidad. Fosas comunes de Paterna por la dignidad', impulsada por Acción Ciudadana Contra la Impunidad del Franquismo en el País Valenciano-Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua).
La llamada Querella Argentina la instruye la jueza María Servini de Cubría para juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Familiares y miembros de Ceaqua viajarán este miércoles a Madrid para tramitar en la Embajada de Argentina su iniciativa y «formalizar la incorporación a esta querella».
Ese mismo día acudirán por la tarde al Congreso de los Diputados para exponer sus reivindicaciones y reclamar «amparo» para quienes fueron fusilados y represaliados por el régimen franquista y continúan en fosas comunes, ha avanzado Ángel González, miembro de Ceaqua, que ha precisado que se mantendrá un encuentro con «diputados de la Comunitat Valenciana y de los grupos de trabajo de la memoria histórica».
Los representantes de Ceaqua han criticado que tras comunicar a los juzgados de Paterna el hallazgo de restos en fosas comunes de su cementerio «con balas, señales de proyectiles y signos de violencia», «se proceda al archivo» de estas denuncias diciendo que «hace más de 20 años» de los fallecimientos y que «la Ley de Amnistía de 1977 otorga perdón».
Angel González subrayaba que los veinte años deben contar «desde la aparición de los restos» y no desde la muerte y ha afirmado que «ninguna ley de amnistía puede ser considerada de punto y final ante crímenes de lesa humanidad», al tiempo que ha censurado que se «silencie la verdad» y que la justicia «ignore» lo sucedido en Paterna.
Llum Quiñonero, impulsora y representante de Acción Ciudadana explicaba que se «busca amparo en la justicia argentina», en «un tribunal que abre las puertas a españoles que buscan justicia», porque «la española se demora en afrontarlo».
