La Generalitat Valenciana ha precisado hoy que nunca tuvo intención de limitar el acceso al acuerdo firmado entre la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la empresa que gestionó el Oceanogràfic (Parques Reunidos) en virtud del cual ambas partes renunciaban a reclamaciones que tenían judicializadas hasta diciembre de 2016 y que por eso consultó al Consell de Transparència si podía o no antender a la petición de documentación de un particular.
Tal como ha informado este diario, el órgano de Transparencia ha emitido un informe que en la práctica viene a invalidar las cláusulas de confidencialidad entre la Administración y su sector público con empresas privadas ya que entiende que los límites a la transparencia deben ser muy restrictivos y limitados en el tiempo para evitar chocar con el derecho de acceso a la información.
El informe es resultado del interés de un particular en tener acceso al citado acuerdo, una petición que se topó con la cláusula de confidencialidad que Cacsa y Parques Reunidos firmaron en la que se comprometían a no dar por ningún medio información sobre el acuerdo excepto el que se proporcionara a través de un comunicado de prensa pactado. Cuando Cacsa se encontró con una petición formal de un interesado en este expediente, se dirigó a la exgestora del Oceanogràfic, pero esta cerró la puerta alegando el sigilo firmado.
Cacsa decidió consultar al Consell de Transparencia que, tras examinar el expediente, concluyó que no existía razón alguna para mantener oculto el documento. Fuentes de la Generalitat conocodoras de este proceso, indicaron que este informe permitió airear la información.
