Socialistas y populares unieron ayer sus vostos en la comisión de Política Territorial del Congreso para rechazar una propuesta de Compromís que abogaba por reformar la legislación para que las comunidades autónomas pudieran decidir sobre la eliminación de las diputaciones provinciales.
El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, explicó durante su intervención que, con esa reforma, no se obligaría a ninguna comunidad a eliminar las diputaciones, pero sí se les daría la potestad de hacerlo.
Sin embargo la posición socialista es distinta, la diputada Susana Sumelzo defendió el papel «esencial» de las diputaciones en municipios pequeños, la inmensa mayoría de los 8.124 que hay en España y también para garantizar la solidaridad y el equilibrio y para asegurar la prestación de servicios que esos pueblos no pueden ofrecer por sí mismos.
Desde el punto de vista económico, apunta la socialista, su supresión no supondría ningún ahorro efectivo para el Estado, porque sus funciones deberían ser realizadas por otra Administración o por otros entes creados a tal efecto.
Además subraya que para eliminarlas no basta con cambiar la Ley de Bases del Régimen Local, sino que sería necesaria una reforma constitucional, lo que requiere un amplio consenso que no se da en este momento ni en la Cámara ni en la sociedad.
José María Barrios, del PP, también señala que la existencia de las diputaciones es pertinente porque hay 15 millones de españoles que viven en el medio rural y a los que las diputaciones prestan servicio. Según Barrios, la proposición de Compromís trasluce «un gran desconocimiento» de lo que es la España interior, rural, despoblada, cuyos problemas no se arreglan eliminando diputaciones, sino potenciándolas.
La misma comisión del Congreso dio ayer el visto bueno, por contra, a una proposición no de ley del PP para el reconocimiento público a la «imprescindible» labor de las diputaciones en cuanto a la cohesión social y la vertebración.
Baldoví responde que las diputaciones son instituciones más propias del siglo XIX cuya existencia es «difícil de justificar» en un Estado descentralizado y ante las profundas demandas de regeneración democrática expresadas por la ciudadanía. «Son un pesado entramado institucional totalmente prescindible ante la existencia de las comunidades autónomas y el necesario fortalecimiento de la autonomía local y a las entidades de colaboración supramunicipal», dice Baldoví.
