La reforma del Estatut d'Autonomia empieza a ser verosímil. Parecía imposible después de casi 50 aplazamientos de su tramitación en esta legislatura, pero el asunto quedó desbloqueado a finales de noviembre con una enmienda transaccional que evita que el añadido tenga que ser sometido a referéndum.

Todos los partidos firmaron la citada transaccional, pero ayer Ciudadanos se descolgó del acuerdo y se abstuvo en la votación en la ponencia mixta del Congreso de los Diputados, en la que participó una delegación de las Corts.

El partido de Albert Rivera alegó que no ha fijado su posición al respecto, pero el resto de formaciones criticaron la decisión por incoherente con los últimos pasos de Cs. «Demuestra falta de criterio», dijo Artemi Rallo (PSPV. «No entendemos este cambio de criterio a estas alturas», lamentó Alejandro Font de Mora (PP), tras calificar el acuerdo de «buena noticia». «Culmina un proceso muy largo», dijo Ricardo Sixto (Unidos Podemos).

En cierta manera, la posición de Cs es una vuelta a los orígenes, porque el partido naranja ya se abstuvo en 2016, en la toma en consideración en el Congreso de la reforma esta legislatura.

Cs dijo ayer que defiende mejorar la financiación, pero «de manera efectiva y legal, y no tomando el pelo a los valencianos con una propuesta que no resuelve nada, que el Tribunal Constitucional ha dicho que es inaplicable y que copia lo peor del separatismo».

No obstante, el Supremo sí falló hace un año sobre que esta cláusula en el caso catalán sí suponía una obligación para el Ejecutivo central, pero no al legislativo.

La modificación se remonta a 2011, cuando se aprobó en las Corts. Su fin es equiparar la ley fundamental de los valencianos con la de catalanes y andaluces, que cuentan con cláusulas similares, para proteger las inversiones en este territorio. Cataluña toma como referencia el PIB, mientras Andalucía se basa en su peso poblacional en España.

La C. Valenciana se sumó a este último criterio. El texto de marzo de 2011 incluía como disposición adicional que la inversión estatal en la Comunitat se equiparara al peso de su población.

Finalmente, los grupos acordaron introducir la exigencia al Gobierno central no como disposición adicional, sino como nuevo apartado al artículo 52 como una ampliación de competencias. Con ello, se evita que tenga que ser aprobada en referéndum.

El dilema es si supone una rebaja de la exigencia inicial. Los grupos mayoritarios defienden que no, pues se mantiene la referencia al peso poblacional. Rallo asegura que incluso va más allá, al precisarse que la Generalitat participará mediante una comisión mixta en la decisión de las inversiones del Estado.

En concreto, el apartado añadido dice: «La Generalitat participará en las decisiones sobre la inversión del Estado en la C. Valenciana». Y acaba: «Con esta finalidad se constituirá una comisión entre la Administración estatal, autonómica y local».

La ponencia aprobó ayer asimismo que la tramitación de la reforma sea urgente. Eso implica que el paso por el Senado (el siguiente una vez que sea aprobada en el pleno del Congreso el día 20) no se extienda más de veinte días. Ese momento llegará ya en febrero, de modo que la reforma debería volver en marzo a las Corts. Sería ya in extremis, antes del cierre del periodo de sesiones.