En noviembre de 2012 la Generalitat Valenciana redujo el dinero que transfería a miles de familias tras concederles la ayuda a la Dependencia a la que tenían derecho, para hacer frente al pago de una residencia privada o como ayudas a cuidador no profesional. Las cuantías disminuyeron de la noche a la mañana. Sin anuncios, sin justificaciones, sin notificación alguno a los usuarios. Hubo quien se quedó con 20 euros de prestación. Hubo quien se quedó con la mitad. Y así, hasta 2015.
La oposición de entonces lo calificó de «copago encubierto» (ya que son ayudas ligadas a la parte que debía pagar cada dependiente en función de sus ingresos) y ahora en el Gobierno valenciano -y tras varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia que obligaban a la Conselleria de Bienestar Social (hoy Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas) a devolver las cuantías reducidas- la vicepresidenta Mónica Oltra ha anunciado la devolución de ese dinero que se redujo durante 3 años.
Las devoluciones empezaron ayer, se harán de oficio (no hace falta haber presentado reclamación o denuncia en el juzgado) y afectan a 4.014 personas dependientes. La conselleria ya informó por carta a los afectados que ahora verán los ingresos en sus cuentas bancarias gracias a una partida prevista de 18 millones de euros. Existen 2.220 dependientes que recibirán este cobro atrasado en València, 1.300 en Alicante y 490 en Castelló.
La secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, asegura que se trata de un dinero que «el antiguo gobierno del PP recortó a las personas con la dependencia reconocida en las prestaciones económicas que recibían» y que «una de las primeras decisiones del Govern del Botànic fue eliminar este 'copago encubierto'». Por ello, «se cumple el compromiso adquirido de reparar el derecho de estas personas, devolviendo el dinero que no percibieron».
El departamento que dirige Mónica Oltra inició en 2016 la revisión de expedientes de personas en situación de dependencia para elevar al máximo las cuantías económicas a percibir. Esta revisión permitió que un total de 9.469 personas pasaran a cobrar el máximo establecido por el Estado al no tener en cuenta la capacidad económica de los beneficiarios a la hora de calcular la prestación a recibir.
Desde la Plataforma en Defensa de la ley de Dependencia de la Comunitat Valenciana aplauden la devolución de un dinero «que no es baladí porque significa dignificar la vida de la persona dependiente, y fue una injustica realizada por el anterior gobierno».
La previsión es que los pagos que empezaron ayer finalicen en marzo. La siguiente medida será devolver el copago a aquellas personas que tuvieron que pagar «injustamente» en residencias o centros asistenciales.
