Palabras cordiales pero sin soluciones sobre la mesa, al menos, por ahora. La Administración no pudo ayer arrojar luz ni a los representantes de la empresa ni a los de los trabajadores sobre cuál será el futuro del servicio privatizado de resonancias que actualmente ofrece la UTE Erescanner (liderada por la firma Eresa) o si, finalmente, habrá subrogación del personal tal como se había planteado en un principio.
El contrato con la unión de empresas finalizó en noviembre y, aprovechando la fecha, Sanidad tenía intención de que el servicio volviera a manos públicas subrogando maquinaria y trabajadores.
A punto de publicar el decreto para internalizar a cerca de 150 trabajadores de Eresa como personal laboral a extinguir -la misma figura usada con el personal de Alzira-, un informe de la Abogacía de la Generalitat ha hecho recular a Sanidad ya que se pone en duda no solo la figura jurídica que tendrían los trabajadores sino, incluso, el que el servicio se pueda internalizar tal cual.
Tal como trasladó ayer el subsecretario de Sanidad, Juan Ángel Poyatos, en las reuniones consecutivas que mantuvo con la presidenta de Eresa, Lorena Saus, y con representantes del comité de empresa, la voluntad era la de «buscar soluciones» aunque estas todavía no estaban sobre la mesa.
Por lo pronto, Sanidad ha comunicado a la UTE que siga prestando el servicio más allá del 31 de enero, fecha límite que se había solicitado en un principio pese a que el contrato expiró el pasado 31 de octubre.
Además, según fuentes de la conselleria, en las reuniones se informó de que Sanidad está trabajando «junto con Hacienda» en la creación de plazas para facilitar la internalización del servicio si los trabajadores de la privada no siguen en sus puestos.
Sin embargo, a los trabajadores, Poyatos les aseguró que se estaba «buscando un marco jurídico en el que podamos encajar pero que, ahora, habían cambiado las normas y que todavía no sabían cómo lo iban a hacer», resumía ayer Joaquín Bosque, enfermero y presidente del comité de empresa de Eresa. Los máximos damnificados por el informe de la Abogacía (que recomienda que sea la judicatura la que dicte si debe haber o no subrogación de trabajadores) se reunían ayer por primera vez con la conselleria para abordar su futuro.
«Antes no nos habían recibido. Hemos visto que hay intención de solucionar el problema y nosotros, pese a la situación de nerviosismo y de tensión en la que estamos, no podemos hacer otra cosa que seguir trabajando», según Bosque. Los trabajadores han pedido «rebajar» la tensión «que soportamos y aún así seguirmos volcados en el paciente» y así lo habría recogido la administración aunque sin vías claras ni plazos.
El nuevo contrato sigue adelante
Pese a esa compromiso, para el comité de empresa uno de los elementos que ahora mismo más estaban distorsionando la situación era que Sanidad siguiera adelante con el contrato puente para adjudicar durante los próximos dos años el sobrante de pruebas de resonancia que la administración entendía que no iba a poder asumir. Precisamente ayer el contrato tenía ya plena vigencia después de que el Tribunal de Recursos Contractuales levantara la suspensión del lote 3, la unidad móvil para Marina Baixa, ganada por Eresa.
Según la resolución emitida por el TACRC, Eresa sigue siendo la adjudicataria del lote 3 tras rechazar el recurso que interpuso la firma Vivo Diagnóstico, adjudicataria del lote 2 de Requena. El contrato preveía para este lote la realización de más de 4.000 resonancias magnéticas al año a razón de un presupuesto sin IVA de 249.000 euros anuales. Vivo Diagnóstico SL argumentaba en su recurso que los equipos que Eresa ofrecía para realizar el servicio en Dénia eran «reubicables» y no «móviles» como se pedía en los pliegos. El tribunal entiende que, en este caso, son «sinónimos».
Ahora, con todos los lotes ya adjudicados y los recursos resueltos desde la Conselleria de Sanidad confirmaron que el contrato seguirá adelante y se va a poner «en marcha puesto que ya han quedado resueltos todos los lotes».
